La Alameda Agua y Salud incumple el Pliego de Prescripciones Técnicas

“Que La Alameda Agua y Salud S.L. empresa gestora de la concesión de la piscina climatizada municipal y de las clases colectivas del pabellón Ciudad de Azuqueca, ha venido incumpliendo el Pliego de Prescripciones Técnicas que regula con su contrato con el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares y que esto debería haber sido motivo argumental para el inicio de un procedimiento sancionador contra la concesionaria en aplicación del Pliego de Cláusulas Administrativas que regula el citado contrato”. “Esto es lo que dice el informe del Departamento técnico de Deportes”, afirma la portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida de Azuqueca de Henares, Mª José Pérez.

“En otro informe del mes de noviembre se dice que cualquier modificación en el organigrama de dirección de La Alameda Agua y Salud S.L. debería de haberse comunicado, puesto que el propio Pliego de Prescripciones Técnicas  indica que siempre que se produzca un cambio en las personas que ejercen las funciones de Director del Centro Deportivo y Coordinador Deportivo, deberá notificarse y presentar las titulaciones de los sustitutos. Dicha comunicación no se ha producido ni de manera verbal no de manera escrita.

“Estos cambios se produjeron sin ser comunicados previamente al Ayuntamiento y además, se indica también que las dos personas que pasan a ocupar los puestos de director y coordinador no están en posesión de la titulación exigida por el Pliego de Prescripciones Técnicas“.

“Llevamos años denunciando estas irregularidades, pero ninguno de los dos gobiernos socialistas, ni el de Bellido ni el de Blanco han hecho nada. Esto es el resultado de la inacción y dejadez de ambos que por temor a enfrentarse a la empresa concesionaria, perteneciente al grupo RAYET, han decidido permitir que se dé un mal servicio a los usuarios y que se vulneren constantemente los derechos fundamentales de empleadas y empleados que trabajan en estas instalaciones municipales”.

La concesionaria, tal como lo concibe nuestro ordenamiento jurídico y así lo constata el Tribunal Supremo, (sentencia de 5 de junio de 2001), viene a desempeñar el papel de colaborador de la Administración, colaboración en la que lo primordial es el mantenimiento del servicio público en las mejores condiciones posibles.

 

Es justamente el funcionamiento del servicio público en cuestión, lo que justifica, la existencia de los contratos de concesión administrativa, que constituye, también, la razón fundamental por la que el ordenamiento jurídico reconoce a la Administración una serie de potestades que le permiten realizar un seguimiento de la ejecución del contrato por parte del concesionario para garantizar con ello el buen funcionamiento del servicio encargado por aquella.

Según Pérez, “Bellido y Blanco olvidaron, intencionadamente por cierto, que los pliegos de condiciones administrativas y técnicas son el documento contractual que regula toda la vida del contrato, por lo que se convierten en una pieza clave para el control eficaz de la Administración sobre el concesionario. Nunca lo hicieron, de ahí que el resultado de ello sea la existencia de un malestar generalizado en esas instalaciones municipales. Ninguno de los dos gobiernos ejerció ese seguimiento con el que garantizar un buen servicio público a los ciudadanos y un clima laboral de la calidad para los empleados. Algún día tendrán que explicar porqué”.

“Estamos hartos de que las relaciones entre políticos y empresarios, cuyo fin primordial no es otro que el de preservar sus privilegios sea a costa de desproteger los derechos de la ciudadanía. Por eso, desde nuestro grupo vamos a vigilar muy de cerca los pasos a dar por el gobierno de Blanco para rescindir el contrato con la concesionaria, recordándole además que aunque la gestión sea indirecta se trata de un  servicio municipal, por lo que su obligación es garantizar su buen funcionamiento.”, finaliza la portavoz de la formación de izquierdas.