Los ediles de la formación han celebrado que la mayoría de la Corporación mostrara el apoyo a sus medidas para solucionar el problema de vivienda.
Para su portavoz, María José Pérez Salazar, la adopción urgente de medidas para solucionar la problemática habitacional que sufre la población es obligación de todas las administraciones. La escasez de las mismas y los excesivos precios de los alquileres requieren una intervención en el mercado por parte del Estado para que no se siga especulando con este bien.
Pérez ha señalado la sorpresa que ha supuesto para ellos que el grupo del Partido Popular diera su apoyo a medidas, como son la intervención en el mercado de la vivienda, la modificación de la Ley del Suelo para blindar el suelo público, la obligación de que los gobiernos autonómicos declaren a sus territorios zonas de mercado residencial tensionado para limitar el precio de los alquileres, modificaciones legislativas para prohibir el alquiler de habitaciones o el control sobre los alquileres turísticos y de temporada, entre otras muchas. Y nos sorprende porque ayer mismo, el Partido Popular en la reunión que mantenía el Ministerio de Vivienda con todas las comunidades autónomas manifestaba su rechazo a la intervención del Estado en el mercado de la vivienda para su regulación, a las declaraciones de zona de mercado residencial tensionado para limitar los precios del alquiler, a la apertura de líneas de subvenciones para el alquiler y a la aportación económica de los gobiernos autonómicos para financiar el plan.
Nada que nos sorprendiera porque las políticas del Partido Popular en materia de vivienda pasan necesariamente por la liberalización del suelo, como ya hizo José María Aznar en 1998, lo que permitió que los promotores inmobiliarios y los fondos de inversión, aprovechasen la ocasión para construir disparando los precios de la vivienda con fines lucrativos. Probablemente, si estuvieran gobernando en el municipio o en la comunidad autónoma hubiesen rechazado las propuestas, pero como no es así, les resultó sencillo sumarse porque no suponía ningún coste. Aun así, celebramos que hayan dejado de lado las directrices del partido para defender este derecho.
María José Pérez ha finalizado afirmando que, como la vivienda no es un bien cualquiera, ni el derecho a la vivienda es un derecho cualquiera: sobre él se construyen muchos otros derechos: el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la educación, …, en definitiva, el derecho a una vida digna es obligación de los gobiernos cambiar la situación aplicando políticas activas y haciendo una interpretación de la ley que asegure este derecho. Por ello, haremos un seguimiento exhaustivo de los compromisos que adquirió ayer el Gobierno municipal, principalmente la reserva de suelo público para la construcción de viviendas de protección oficial (VPO). Ahora depende de él que muchas de estas medidas con las que garantizar el acceso a la vivienda se pongan en marcha.
Si quiere conocer el contenido completo de las medidas aprobadas pinche aquí.