Los ediles de Izquierda Unida han acusado al Gobierno de ocultar la información a la que está obligado a proporcionarles y a incurrir en una sucesión de irregularidades en todo el proceso con el objetivo de no sancionar a la empresa.
La celebración de un pleno extraordinario en el día de ayer respondía a un motivo claro y es que el gobierno durante tres meses había ocultado una información a los grupos políticos cuando éramos los destinatarios. Así de contundente, se ha mostrado la portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida, María José Pérez.
El técnico de deportes redactaba en el mes de julio un documento, tras el debate que se produjo en el Pleno del mes de mayo a raíz de una moción que presentaba nuestro grupo, para esclarecer las razones que había llevado al Gobierno a dar por finalizado la imposición de penalidades, y en el que pusieron en duda su profesionalidad y al que acusaron de no hacer su trabajo por encontrarse de vacaciones. Lo registró por sede electrónica, cauce normal para interponer una queja, una sugerencia, presentar una solicitud o aportar documentos, el día 23 de julio. Al constatar que no llegó a sus destinatarios, lo registró de nuevo el 8 de septiembre, y al producirse lo mismo, lo hizo llegar a los grupos políticos a través de sus correspondientes correos electrónicos, el 8 de octubre. Sin duda, todo un escándalo que pone en entredicho la gestión de un gobierno que, lejos de velar por la trasparencia y el acceso a la información, obstaculizaba el trabajo de la oposición ocultándoles una información durante tres meses. Lo más grave que ante la pregunta que les formuló en el Pleno de quién dio la orden de que no nos hicieran llegar el documento, han dado la callada por respuesta sin mediar explicación alguna. El alcalde sabrá porqué.
Pérez ha seguido explicando que, lo sucedido en el Pleno ha sido una muestra evidente del objetivo del Gobierno: no sancionar a la empresa La Alameda Agua y Salud por incumplimiento reiterado del pliego de prescripciones durante el período comprendido entre febrero de 2024 a marzo de 2025, y que fue Izquierda Unida quien inició el expediente de imposición de penalidades cuando estaba al frente de la Concejalía de Deportes en febrero de 2025. Aprovecharon nuestra salida del Gobierno para poner fin a la tramitación de ese expediente y que no se le impusiera la sanción de 97.350 euros.
Si la intención no hubiese sido esa y sí la de corregir los errores que, según ellos, contenía el informe le hubiesen solicitado al técnico, de manera urgente y mediante una providencia de alcaldía, la rectificación del mismo. Sin embargo, no sucedió así, sino que esperaron que el expediente caducara para dar por finalizado el asunto.
No aportado ni un solo dato con el que corroborar la versión que han mantenido y ni siquiera nos han permitido tener acceso a los expedientes que menciona el técnico en el documento aportado para poder contrastarla. Una muestra lo suficiente clarificadora como para afirmar que la argumentación de la señora Santiago y del señor Pérez de la Cruz, hacía agua por todos lados.
Pérez ha señalado también la aparición de un informe de asesoramiento de intervención, recibido en el día de ayer y firmado el mismo día, contraviniendo lo dispuesto en el informe emitido por el Departamento de Secretaría. Nos resulta asombroso que ahora, la señora Interventora cambie de criterio, así de repente, cuando siempre se ha negado a emitir informes, ni siquiera en asuntos que son de su competencia, como son la verificación de la disponibilidad de crédito en las partidas presupuestarias o la realización de un informe sobre el requilibrio económico solicitado por esta empresa, manifestando que eso era competencia de las áreas gestoras y no de ella. Ahora, sorprendentemente y nunca mejor dicho, considera necesaria su intervención en un procedimiento de imposición de penalidades. Si este hubiese sido un requisito procedimental necesario y exigido ¿por qué no lo hizo en los anteriores procedimientos incoados y refrendados por el Pleno en los años 2018, 2021 y 2023?
Los ediles de la formación de izquierdas han finalizado reiterando que, todo esto responde a un entramado de irregularidades con una intencionalidad clara y lo peor es que el Departamento de Intervención, conocedor del proceso sin haberse pronunciado jamás y sin haber advertido nunca ningún error susceptible de subsanación, ahora, en un momento en que la actuación del Gobierno queda en entredicho, de repente lo respalde.