Artículo de opinión de la portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida, María José Pérez Salazar
Hay momentos en política en los que la responsabilidad debería imponerse al cálculo partidista. Las guerras son uno de ellos. Por eso resulta inquietante observar cómo, ante la posibilidad de un conflicto con Irán, algunos líderes de la derecha española han reaccionado con un reflejo casi automático de alineamiento y confrontación interna, en lugar de la prudencia estratégica que exige una situación internacional tan delicada.
España no puede permitirse tratar una guerra como si fuera un argumento más en el debate parlamentario. Sin embargo, el Partido Popular y Vox parecen haber encontrado en este escenario una nueva oportunidad para erosionar al Gobierno de Pedro Sánchez, aunque el precio sea normalizar una retórica belicista que ignora la complejidad del contexto internacional. La política exterior no debería convertirse en el campo donde se libran las batallas más ciegas de la oposición interna.
El apoyo apresurado a una escalada contra Irán transmite una idea preocupante: que lo importante no es analizar con serenidad los riesgos de un conflicto en Oriente Medio, sus efectos sobre la estabilidad internacional, el terrorismo, la energía o la seguridad europea, sino situarse automáticamente en el lado contrario del Ejecutivo español. Ese reflejo puede servir para la confrontación diaria, pero resulta profundamente irresponsable cuando hablamos de guerra.
La memoria reciente de España debería servir de advertencia. En 2003, el Gobierno de José María Aznar decidió apoyar la invasión de Irak, alineándose con la estrategia de George W. Bush y de Tony Blair pese al rechazo mayoritario de la sociedad española. Aquella decisión no fue solo un error diplomático; fue también una fractura política y social que dejó cicatrices profundas.
Conviene recordar además que aquella guerra nunca fue, como se intentó presentar, una intervención destinada a defender los derechos humanos o a proteger a la población iraquí. La justificación oficial giró en torno a la supuesta existencia de armas de destrucción masiva que el régimen de Saddam Hussein estaría desarrollando. Con el paso del tiempo quedó claro que esas armas no existían. Detrás de la invasión pesaron sobre todo intereses estratégicos y geopolíticos de Estados Unidos en la región: el control de una zona clave para el equilibrio energético mundial y la reconfiguración del poder en Oriente Medio tras los atentados del 11-S.
Porque conviene decirlo con claridad: aquella guerra no se libró para defender la libertad, sino para defender intereses.
Las consecuencias no tardaron en llegar. El país se polarizó, millones de ciudadanos salieron a la calle y España quedó asociada a una guerra cuya justificación terminó revelándose falsa. Aquel respaldo no fortaleció la posición internacional del país ni mejoró su seguridad. Al contrario: deterioró la confianza ciudadana en las instituciones y alimentó un clima político envenenado que todavía resuena en la memoria colectiva.
Quienes hoy, desde la oposición, se muestran tan dispuestos a respaldar una confrontación con Irán deberían recordar esa lección. La política exterior no es un tablero donde se puedan mover fichas para desgastar al adversario interno. Las guerras tienen consecuencias humanas, económicas y geopolíticas que duran décadas.
El problema no es solo que el Partido Popular y Vox adopten una posición distinta a la del Gobierno. En democracia eso es legítimo. El problema es la ligereza con la que parecen hacerlo, como si cada crisis internacional fuera una oportunidad para exhibir dureza frente a Pedro Sánchez. Esa lógica de oposición permanente puede ser rentable en el corto plazo, pero empobrece el debate público y debilita la posición de España en el mundo.
Y cuando esa estrategia se traduce en alimentar discursos de confrontación ante la posibilidad de una guerra, lo que se revela no es firmeza política, sino una actitud profundamente irresponsable, incluso canallesca: utilizar un conflicto internacional potencialmente devastador como munición en la batalla partidista doméstica.
Un país serio discute estas cuestiones con responsabilidad, escucha a sus aliados europeos y mide cada palabra cuando se trata de conflictos armados. Convertir la guerra en un instrumento de desgaste político interno es, sencillamente, jugar con fuego.
España ya vivió las consecuencias de esa irresponsabilidad hace dos décadas. Y precisamente por eso conviene recordarlo hoy: las guerras empiezan con discursos grandilocuentes, pero quienes pagan el precio siempre son los ciudadanos.
Ya cometió ese error una vez. Repetirlo no sería firmeza, sería irresponsabilidad.