Izquierda Unida ha denunciado públicamente el incumplimiento por parte del
Ayuntamiento de Azuqueca de Henares del artículo 36.1 del Convenio
Colectivo del personal municipal, en el que se establece que el personal
municipal recibirá, en un pago único, las gratificaciones correspondientes
según la edad de jubilación vigente.
La formación señala que el Consistorio no está aplicando lo recogido en dicho
artículo, vulnerando así un derecho reconocido en el propio convenio y
generando una situación de inseguridad y malestar entre la plantilla municipal.
“No se puede exigir compromiso y profesionalidad a los trabajadores mientras
se incumplen de manera reiterada los acuerdos firmados”, han manifestado los
ediles de IU.
Asimismo, han mostrado su preocupación por la situación de los trabajadores y
trabajadoras que se han acogido a la modalidad de contrato relevo. Según
denuncian, en lugar de cotizar por el 100% de la base de cotización —como si
estuvieran trabajando a jornada completa, tal y como corresponde en estos
casos— el Ayuntamiento estaría cotizando únicamente por el 25%, lo que
podría suponer un perjuicio directo en sus futuras prestaciones y derechos
sociales.
IU considera especialmente grave que se esté jugando con las cotizaciones y
el futuro de esas personas trabajadoras que han accedido a una modalidad
legalmente regulada con unas condiciones claras, han señalado.
La formación exige al Ayuntamiento la aplicación inmediata del artículo 36.1 del
Convenio Colectivo, el abono de las cantidades que correspondan en concepto
de gratificaciones por jubilación y la regularización urgente de las cotizaciones
de los trabajadores acogidos al contrato relevo.
Finalmente, IU ha anunciado que solicitará toda la documentación relativa a
estas actuaciones y no descarta emprender acciones administrativas o legales
si no se corrige esta situación de manera inmediata y conforme a la legalidad
vigente.
Asimismo, espera que el Equipo de Gobierno actúe con
responsabilidad y diligencia para evitar un nuevo conflicto colectivo que termine
en los tribunales, con el consiguiente coste económico que, en última instancia,
recaería sobre el conjunto de los contribuyentes.