Izquierda Unida de Azuqueca de Henares ha valorado positivamente la demanda interpuesta por CCOO contra el Ayuntamiento por la situación de discriminación salarial detectada en el Plan de Empleo de 2025, que afecta a 74 personas trabajadoras.
Desde la formación recuerdan que esta situación ya fue denunciada en el Pleno municipal de julio de 2025, donde advirtieron de que personas contratadas a través de este programa estaban percibiendo el Salario Mínimo Interprofesional pese a desempeñar funciones idénticas a las del personal fijo recogido en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT).
Izquierda Unida ha querido subrayar que los planes de empleo tienen como objetivo facilitar la inserción laboral y mejorar la empleabilidad de personas en situación de desempleo, ofreciendo oportunidades dignas y condiciones laborales adecuadas, no generar situaciones de precariedad ni desigualdad dentro de la propia administración.
La portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento, María José Pérez Salazar, ha señalado que “esta demanda confirma de manera incontestable lo que ya denunciamos hace meses: el equipo de gobierno ha permitido una situación de desigualdad retributiva absolutamente injustificable”. En este sentido, ha añadido que “pervertir el objetivo de los planes de empleo para pagar menos a quienes realizan el mismo trabajo no solo es inaceptable, sino que supone un abuso desde lo público que debe corregirse de inmediato”.
Asimismo, desde IU han señalado directamente al equipo de gobierno como responsable de esta situación, recordando que “han tenido conocimiento de esta realidad y no han actuado para corregirla, consolidando una práctica que vulnera derechos laborales básicos y el principio de igualdad en la administración pública”.
La demanda presentada por el sindicato exige la aplicación del régimen retributivo municipal al personal afectado, así como el abono de las diferencias salariales correspondientes, al considerar que se está produciendo una clara discriminación salarial.
Desde IU subrayan que el Ayuntamiento debe asumir responsabilidades y corregir de inmediato esta situación, garantizando el cumplimiento de la legalidad y evitando que se siga perjudicando a decenas de trabajadores y trabajadoras.