María José Pérez Salazar acusa al equipo de Gobierno de desatender las quejas de los usuarios, mantener una actitud de tolerancia ante los reiterados incumplimientos de La Alameda Agua y Salud y no hacer efectivas las penalidades aprobadas por el Pleno.
Izquierda Unida vuelve a denunciar la situación que atraviesa la piscina climatizada municipal, gestionada por la empresa concesionaria La Alameda Agua y Salud, cuyas instalaciones vienen sufriendo cierres e interrupciones del servicio que están provocando un creciente malestar entre las personas usuarias.
La situación ha llegado a un punto en el que los propios usuarios están presentando quejas, registrando hojas de reclamaciones y recogiendo firmas para exigir explicaciones y una solución. Todo ello mientras continúa abonando íntegramente sus cuotas, pese a no poder disfrutar con normalidad de unas instalaciones y unos servicios por los que están pagando.
Para la portavoz de Izquierda Unida, María José Pérez Salazar, resulta inadmisible que quienes utilizan la piscina tengan que soportar cierres sin explicaciones claras, sin información suficiente y sin una respuesta efectiva por parte del Ayuntamiento.
“Estamos hablando de un servicio público municipal que pagan los vecinos y vecinas. No se puede exigir a los usuarios que cumplan puntualmente con sus obligaciones económicas mientras la empresa no garantiza la prestación del servicio en las condiciones que corresponden. La ciudadanía merece explicaciones, transparencia y soluciones, no silencio”, señala Pérez Salazar.
Desde IU recuerdan que no se trata de un problema nuevo. La formación lleva años advirtiendo de las deficiencias en la prestación del servicio y reclamando al Gobierno municipal que ejerza sus funciones de control y vigilancia sobre la concesión. Según denuncia la organización, existen informes técnicos municipales que vienen recogiendo esta problemática y que, sin embargo, no se han traducido en medidas eficaces para corregir los incumplimientos.
“Lo más preocupante es que el Equipo de Gobierno conoce perfectamente la situación. No estamos hablando de problemas que hayan aparecido de repente ni de circunstancias desconocidas. Hay informes técnicos, hay reclamaciones y hay antecedentes de incumplimientos. Lo que no hay es una respuesta política a la altura de la responsabilidad que tiene el Gobierno municipal”, afirma la portavoz.
IU considera absolutamente injustificable que, después de años denunciando los incumplimientos de la concesionaria, con informes técnicos municipales que los constatan e incluso de la propia dirección, y con penalidades aprobadas por el propio Pleno, el equipo de Gobierno siga sin actuar y permita que la empresa continúe prestando el servicio en estas condiciones sin asumir las consecuencias.
Para Izquierda Unida, esta inacción no puede explicarse por desconocimiento ni por falta de instrumentos administrativos, sino por una actitud política de excesiva complacencia con la empresa concesionaria, cuyos intereses parecen estar recibiendo más atención que los derechos de los usuarios.
“Resulta especialmente llamativo que el concejal de Deportes, en lugar de situarse del lado de quienes pagan por utilizar las instalaciones, mantenga una relación de tanta cercanía con la empresa mientras evita exigirle responsabilidades.
¿A quién está defendiendo el Gobierno municipal: a los vecinos y vecinas o a la concesionaria? Los acuerdos plenarios no están para quedarse en papel mojado, ni los informes técnicos para acumular polvo en los cajones. Gobernar significa hacer cumplir los contratos, defender el dinero público y garantizar que ninguna empresa esté por encima de sus obligaciones”, señala Pérez Salazar.
En este sentido, la portavoz dirige sus críticas al concejal de Deportes, Enrique Pérez de la Cruz, como responsable político del área, y al alcalde, Miguel Óscar Aparicio, como máximo responsable del Gobierno municipal.
“Enrique Pérez de la Cruz, lejos de asumir sus responsabilidades como concejal de Deportes y exigir explicaciones a la empresa, parece más preocupado por mantener una buena sintonía con la concesionaria que por defender los intereses de los usuarios. Una empresa que, no olvidemos, llegó a celebrar nuestra salida del Gobierno municipal, como si nuestra marcha le fuera a permitir actuar sin el control y la exigencia que Izquierda Unida siempre ha mantenido sobre el cumplimiento del contrato. Y parece que, a juzgar por lo que está ocurriendo, aquella expectativa se está cumpliendo. Desde que IU dejó el Gobierno, la empresa parece haberse encontrado con menos exigencia y menos fiscalización política, mientras los usuarios siguen pagando las consecuencias”.
La portavoz también dirige duras críticas al alcalde, Miguel Óscar Aparicio, cuya falta de respuesta considera especialmente preocupante.
“El señor Aparicio tiene una responsabilidad directa en lo que está ocurriendo y no puede seguir ejerciendo de alcalde como si los problemas de la ciudadanía no fueran con él. Su Gobierno conoce las deficiencias de la piscina, tiene informes técnicos que las acreditan, conoce las reclamaciones de los usuarios y sabe que existen acuerdos plenarios sobre los incumplimientos de la concesionaria. Sin embargo, no hace nada para revertir la situación. Mientras las reclamaciones se acumulan, los usuarios recogen firmas y las instalaciones siguen sin funcionar con normalidad, el alcalde continúa sin dar respuestas ni ofrecer soluciones porque parece que está más pendiente de sostenerse políticamente que de resolver los problemas de la ciudadanía.
Tenemos a un alcalde incapaz de convertir el conocimiento de los problemas en soluciones y que mantiene a los vecinos y vecinas abandonados a su suerte mientras la empresa sigue sin responder por sus incumplimientos. La piscina climatizada es otro ejemplo de esa falta de respuesta: los problemas se acumulan, las reclamaciones se multiplican y el Gobierno municipal sigue sin estar donde tiene que estar, al lado de sus vecinos y vecinas. La ciudadanía no necesita un alcalde que se limite a ocupar el despacho, sino uno que gobierne, dé la cara y defienda sus intereses”.
La formación considera especialmente grave que las personas afectadas tengan que organizarse, recoger firmas y acudir a las hojas de reclamaciones para conseguir algo tan básico como saber por qué se cierran las instalaciones y cuándo podrán volver a utilizarlas con normalidad.
Asimismo, IU reclama que las quejas y reclamaciones que la ciudadanía presenta en el Registro municipal reciban el correspondiente trámite y lleguen a todos los grupos políticos de la Corporación, especialmente a los de la oposición, para que puedan ejercer su labor de fiscalización y control. La formación considera necesario aclarar qué recorrido siguen estos escritos, quién los recibe y por qué, pese a las reclamaciones reiteradas, no se han adoptado soluciones satisfactorias.
“Cuando un vecino o vecina registra una queja en el Ayuntamiento, espera que la Administración actúe y que su reclamación sirva para algo. No puede convertirse en un escrito que se queda en un cajón o que nunca llega a quienes tenemos la obligación de fiscalizar la acción del Gobierno. La ciudadanía tiene derecho a que sus reclamaciones sean atendidas y a que sus representantes públicos conozcamos los problemas que les afectan”, manifiesta Pérez Salazar.
Por todo ello, Izquierda Unida exige al Gobierno municipal:
- Que explique públicamente las causas de los cierres y las interrupciones del servicio de la piscina climatizada.
- Que informe sobre el estado real de las instalaciones y aporte un calendario concreto de recuperación de la normalidad.
- Que haga públicos los informes técnicos relativos a los incumplimientos de la concesionaria.
- Que aplique las penalidades aprobadas por el Pleno y exija a La Alameda Agua y Salud el cumplimiento íntegro de sus obligaciones contractuales.
- Que estudie las medidas que correspondan para compensar a los usuarios por los servicios no prestados, de acuerdo con el contrato y la normativa aplicable.
- Que garantice que las reclamaciones registradas por la ciudadanía se tramitan correctamente y se ponen en conocimiento de los grupos municipales.
“No vamos a dejar de denunciar esta situación mientras los vecinos y vecinas sigan pagando por un servicio que no reciben en condiciones. La piscina climatizada es una instalación pública, no un negocio en el que la ciudadanía tenga que asumir las consecuencias de una gestión deficiente. El Ayuntamiento debe dejar de mantener esta actitud de permisividad, hacer cumplir los acuerdos plenarios y defender los intereses de sus vecinos y vecinas. Los usuarios no tienen por qué pagar las consecuencias de la falta de control del Gobierno municipal ni de la tolerancia con la que se está tratando a la concesionaria. Exigimos respeto a la ciudadanía, responsabilidades políticas y soluciones inmediatas”, concluye María José Pérez Salazar.
