La vivienda, junto con la sanidad, educación y servicios a las personas, es uno de los pilares que sustenta el Estado de Bienestar en Europa, pero es el pilar con menor reconocimiento, algo que se hace evidente en la concreción práctica de políticas públicas. En el caso de España, esta infravaloración, alcanza los niveles más altos y preocupantes dentro de los países de la Unión Europea.
Ante esta falta de políticas públicas, se mezcla la necesidad de una buena parte de la población, con el gran desconocimiento que existe sobre el fenómeno de la ocupación. No es lo mismo y hay que dejarlo muy claro, ocupar la morada de alguien, el lugar donde está protegido en su intimidad, aunque sea incluso una segunda residencia, una caravana o un barco; que un local o inmueble vacío propiedad de un particular, un banco o un fondo buitre, pero en el que nadie desarrolla su vida privada. Las consecuencias penales también son diferentes en cada caso.
Es cierto que el tema de la ocupación tiene muchas aristas. Por un lado, está el legítimo interés de los particulares a recuperar sus posesiones y los eventuales problemas de convivencia que pueden surgir y por otro, las situaciones de emergencia de quienes carecen de ingresos y no tienen un sitio en el que vivir precisamente en un momento en el que hay miles de viviendas vacías en manos de bancos o grandes tenedores. Esta es la gran contradicción y que está generando unos efectos de convivencia muy negativos entre la sociedad.
Sin embargo, no debemos olvidar que la vivienda es una necesidad de primer orden, hecho por el que se debe constituir como uno de los derechos constitucionales y que se encuentra recogido en el artículo 47 de nuestra Constitución, aunque por desgracia, no ha habido más que graves déficits en su cumplimiento y que han provocado enormes dificultades a una parte, cada vez mayor de la población, a la hora de acceder a una vivienda, tanto de compra como de alquiler.
La imposibilidad de disponer de una vivienda digna, a un precio razonable para muchas personas, ha puesto sobre la mesa el debate sobre los límites que el derecho a la vivienda tiene en España y es ya entrado el siglo XXI cuando se empiezan a tomar posiciones públicas basadas en la obligación del cumplimiento de este derecho, pero para ello son necesarias la puesta en marcha de políticas públicas lo garanticen. Desgraciadamente, seguimos muy lejos aún de lograrlo.
Azuqueca de Henares tampoco se libra de este drama, porque está experimentando en su tejido social y ciudadano los rigores de la crisis, que alumbra nuevas formas de pobreza y de exclusión que deben recibir el adecuado remedio público. Son muchas las familias víctimas de ejecuciones hipotecarias las que se han visto desposeídas de sus viviendas y obligadas a malvivir porque ni siquiera cuentan con la posibilidad de acceder a un alquiler social. Esta situación ha ido cronificándose hasta llegar a convertirse en un grave problema que repercute en la comunidad y contribuye a la consolidación de guetos, incrementa la inseguridad y acrecienta los problemas de habitabilidad y convivencia.
Y todo debido a la inacción de un Gobierno que en lugar de haber puesto en funcionamiento la propuesta de IU, aprobada el pasado mes de mayo, para que Azuqueca de Henares gozara de una bolsa de viviendas en alquiler social con la que atender los problemas de exclusión habitacional por un lado, y erradicar así los derivados de la ocupación por otro, se dedica al reparto de premios y regalos con la intención de permanecer en el poder para satisfacer sus ambiciones egoístas. Mientras, muchas personas, junto a sus familias, sufren a diario la desgarradora experiencia de ser desalojadas de una vivienda.
Todos sabemos que en ausencia de intervenciones, la precarización y la pobreza abren las puertas a actividades marginales, intolerables e ilegales, fomentándose, en consecuencia, la exclusión social. Disponer de un alojamiento es una necesidad básica del ser humano, defender los derechos habitacionales significa reivindicar los compromisos asumidos por los poderes públicos, pero por desgracia, para el Gobierno de nuestro municipio no lo es. El incumplimiento de de estos compromisos debería ser entendido como una violación de un derecho básico y generar así responsabilidades. Sin embargo, esto no sucede.
Es necesario garantizar la función social de la vivienda a través, entre otras acciones, de la promoción preferente en alquiler, en particular del alquiler social; el impulso a la rehabilitación; y la movilización de las viviendas vacías. Todo ello tiene implicaciones directas para la acción de los Gobiernos, Central y Autonómicos y sus empresas públicas, pero también de otros agentes muy relevantes para la política de vivienda, como son los Ayuntamientos.
Somos conscientes que no existen las recetas mágicas, ni las soluciones únicas, pero no puede ser que el Gobierno municipal lleve años negando el problema, cuando sabe perfectamente la degradación que está sufriendo el municipio como consecuencia de ello y que incumpla de manera reiterada los compromisos adquiridos con los que darle solución.
Esperemos que el Alcalde Blanco y el Concejal de Derechos y Libertades, David Pinillos, hagan propósito de enmienda para este nuevo año, aunque debo confesar que no espero absolutamente nada de ellos.
Artículo de opinión de la portavoz del grupo municipal, María José Pérez Salazar.