Los ediles de la formación lamentan que el Equipo de Aparicio pusiera por delante los intereses partidistas a la defensa de lo público y de la participación.
En la sesión plenaria del pasado 26 de mayo Izquierda Unida presentaba varias mociones La primera solicitaba la puesta en marcha de la Comisión de Fiestas con la que garantizar una mayor participación y transparencia en la gestión. Según ha explicado el edil que defendió la propuesta, Rodrigo Vasco Blas, la comisión de fiestas ha sido siempre el órgano de participación formado por peñas públicas, representantes de todo tipo de asociaciones, de casas regionales y también de representantes políticos donde contribuían a planificar y diseñar las festividades locales del municipio. Hace más de doce años que dejó de convocarse, lo que ha impedido escuchar al conjunto de la ciudadanía para consensuar qué modelo de fiestas queremos tener. Que sólo sea el Equipo de Gobierno el que pueda reunirse con las peñas públicas, sin que esté el resto de los representantes políticos y la otra parte de la sociedad que no pertenece a peñas, pero que también quieren contribuir en el diseño de las festividades, no deja de ser una actitud arbitraria a la que desgraciadamente, ya nos tienen acostumbrados.
Vasco ha proseguido señalando que, la concejala de Fiestas, la señora Charo Martín, tras leer un panfleto que le habían escrito y poner como excusa, el absurdo argumento de que el borrador de reglamento que se proponía para organizar la composición y el funcionamiento de la Comisión de Fiestas llevaba mucha burocracia, dejaba clara su pretensión: seguir de manera unilateral planificando y organizando las fiestas del municipio para seguir despilfarrando el dinero público como lleva haciendo desde hace años. Sólo bastó con recordarle un dato con respecto a su gestión: los más de 600.000 euros que destinó al festival “Azuqueca Vívela” en el año 2023.
Por último, lamenta que el alcalde Miguel Óscar Aparicio esté respaldando este tipo de decisiones cuando a nuestra formación siempre le había manifestado lo contrario. Ahora que gobierna en solitario con el mismo equipo de José Luis Blanco, ha decidido continuar con la línea de su antecesor.
Por otro lado, la formación presentaba otra moción para defender a la Sanidad Pública, instando al Gobierno de Emiliano García-Page a que invirtiera más porque con los recursos destinados no son suficientes.
La portavoz del grupo, María José Pérez Salazar, ha manifestado la situación de deterioro que sufre la Sanidad de Castilla-La Mancha:
La demora media para conseguir una cita en Atención Primaria se alcanza entre los 8 y 9 días. En cuanto a la Atención Especializada, los datos evidencias que un gran número de pacientes deben esperar más de un año para obtener una cita. Especial atención requiere la demora en la realización de determinadas pruebas que son necesarias para obtener un diagnóstico (colonoscopia, gastroscopia, etc.), lo que pone muy en entredicho las campañas de prevención. De nada sirve si los resultados se demoran más de seis meses, tal y como está sucediendo.
La Salud Mental es otra de las especialidades olvidadas. La propia la Federación de Salud Mental de Castilla-La Mancha critica la insuficiencia de recursos de atención psicológica, fundamentalmente en Atención Primaria y la necesidad de invertir para que esto no siga sucediendo.
La precariedad laboral del personal sanitario y de administración y servicios: Castilla-La Mancha es la única autonomía del país que no ha reactivado su carrera profesional, congelada desde el año 2012. Fue la Ley 1/2012, de 21 de febrero, de Medidas Complementarias para la Aplicación del Plan de Garantías de Servicios Sociales, más conocida como ‘Ley Cospedal’, la que dejó al Sescam como el único servicio de salud de todo el país sin el reconocimiento de este derecho y que se mantiene trece años después. En los presupuestos regionales de este año 2025 se deja claro que no habrá variación al respecto.
Datos objetivos que demuestran la necesidad de invertir más en Sanidad y al tratarse de un principio fundamental del Estado del bienestar, se defiende independientemente del partido político que gobierne, porque a cada administración se le debe exigir lo que es de su competencia si es que de verdad queremos mejorar la vida de la gente.
Pérez lamenta la intervención de la concejala de Desarrollo Saludable, también la señora Charo Martín y del alcalde, Miguel Óscar Aparicio. Sobre la concejala, Pérez ha manifestado que, lejos de apoyar esta defensa para subsanar las deficiencias que presenta el servicio de salud castellanomanchego y de haber elaborado un discurso convincente como responsable del área, no es que no sólo no diera ningún dato sobre la situación del CEDT de Azuqueca de Henares y muy concretamente, sobre la salud mental, sino que volvió a leer lo que le habían escrito porque de lo que se trataba era de defender a Emiliano García-Page.
Al señor Aparicio le sucedía los mismo. Lejos de reconocer que Castilla-La Mancha es la única autonomía del país que no ha reactivado la carrera profesional sanitaria, debido a que sigue vigente la Ley 1/2012, de 21 de febrero, de Medidas Complementarias para la Aplicación del Plan de Garantías de Servicios Sociales, más conocida como ‘Ley Cospedal’ que mantiene al Sescam como el único servicio de salud de todo el país sin el reconocimiento de este derecho y exigírselo a García-Page, señaló al Estado como responsable de que no haya médicos en la región. Sólo le faltó culpabilizar a Pedro Sánchez. Para finalizar, Vasco Blas y Pérez Salazar se han mostrado así de contundentes. Cuando por desgracia, la política se convierte en el sustento de vida de la mayoría de los miembros de un Gobierno, en lugar de ser entendida como una herramienta para lograr el bienestar de la sociedad, lo que presenciamos es la defensa acérrima de los intereses de partido por encima de los derechos del conjunto de la sociedad.