Desde las últimas elecciones municipales ocurre en nuestra ciudad que un grupo engañoso y oportunista consiguió un acta de concejal por el procedimiento de hacerse pasar por otro mucho más prometedor y conocido, como el cuco impostor que ocupa el nido ajeno para ser alimentado por quienes no lo engendraron.
Señalemos que tal acta de concejal era justamente la que le faltaba al gobierno de Blanco para completar la mayoría absoluta.
Para debilitar a la oposición, Blanco flirteó con el concejal de ese grupo con el fin de atraerlo a su órbita y, así, alcanzar la mayoría absoluta que no le dieron las urnas.
Pero en el camino ocurrió lo inesperado: el grupo del concejal lo echó, quedando el edil como no adscrito. Quiere esto decir que este señor no podía tener derechos como miembro de un grupo municipal que dejó de existir desde el momento de su expulsión, tampoco dedicaciones exclusivas o formar parte de ningún gobierno, como obligan el pacto antitransfuguismo (firmado por el PSOE), la legislación estatal contra el transfuguismo y la abundantísima jurisprudencia de los tribunales de justicia.
Aun así, Blanco siguió empeñado en su deseo de amarrar al concejal, para lo cual ocultó primero y retrasó después, de manera maliciosa, el procedimiento al que estaba obligada la administración municipal y que se resume en un parrafito: un concejal expulsado que no dimite se convierte automáticamente en no adscrito, perdiendo derechos con su nuevo estado, excepto los que corresponden a su esencia como cargo público (asistir a comisiones y plenos, votar, proponer y controlar al gobierno).
Sólo a raíz de la denuncia de IU, con recurso de reposición incluido, Blanco reculó y se plegó a las normas, aunque con cinco meses de retraso y tras jugar con las leyes de un modo temerario, cosa que habrá de aclarar forzosamente donde corresponda.
Este escándalo no suscitó el más mínimo comentario del jefe provincial del PSOE, ahora diputado nacional, el señor Bellido, el mismo que dijo que tras ser alcalde volvería a su trabajo, sin tener la bondad de explicarnos que como nunca tuvo trabajo excepto la política su promesa quería decir que nunca abandonaría la política.
Tampoco mereció el asunto declaraciones del resto de miembros del gobierno municipal, tan cautos siempre a la hora de seguir a quien los puso donde están, el señor Blanco.
Pero ha querido la fortuna poner a prueba, no sabemos si una última vez, al señor Blanco.
Acabamos de saber que en la Diputación ha acontecido un caso igual al de Azuqueca de Henares, excepto en el detalle de que no conviene a los intereses del PSOE.
Es admirable lo rápido que se han pronunciado en la Diputación los savonarolas del PSOE, denunciando unos hechos que les parecen prevaricadores, malversadores y dignos de ser llevados ante la fiscalía y los jueces.
Los mismos que aquí han callado, en Diputación lanzan prédicas ardientes, invectivas y rayos a favor del pacto antitránsfugas, de la ley que los arrincona y, también, de la jurisprudencia que señala que los expulsados debieran irse a su casa o penar en el escaño.
Destaca entre los predicadores de “última hora” Julio García, diputado provincial y, antes que ello, concejal del PSOE en Azuqueca de Henares, que lanzó en los medios una ignisreververatio contra el transfuguismo en la Diputación. Palabras fogosísimas salieron de su boca, que más parecían sentencias. Cuántas ideas tan justas y qué claramente expuestas, qué admirable frateschi parecía ante los micrófonos.
Como deseábamos escucharle en nuestra ciudad, desde su asiento en el Pleno municipal, su invectiva contra el transfuguismo, le preguntamos por nuestro caso en la última sesión plenaria, la del jueves 26 de enero.
Pero qué decepción. Fue leerle las preguntas y enmudecer. Don Julio, el profeta arrebatado, dio paso al calculador precavido que pidió un mes de tiempo para responder, por si acaso metía la pata en sus contestaciones. ¿Dónde se le fue la fe, dónde quedó su convicción?
Tenía derecho a pedir una prórroga, por más que nos desilusione y apunte un abracadabra por su parte. Ya se verá.
Del mismo modo, igual derecho nos ampara a reproducir las preguntas que le hicimos, para que no se le olvide ninguna, cosa que hacemos a continuación:
1) ¿Qué le parece que en la Diputación el Presidente encargara un informe al día siguiente de la notificación del paso de una concejala a la condición de no adscrita, y que aquí el gobierno del que usted es miembro haya esperado cinco meses para hacerlo?
2) ¿Conoce el texto y las conclusiones de dicho informe?
3) ¿Qué le parece que el gobierno municipal, que es su gobierno, estuviera negociando un pacto de gobierno con un concejal expulsado de su partido?
4) ¿Qué le parece que el Alcalde llegara a un acuerdo de gobierno con un concejal no adscrito en el que éste conseguía la dedicación exclusiva, un salario, dos delegaciones y asiento en la Junta de Gobierno?
5) ¿Le parece legal que un concejal no adscrito tenga más derechos después de serlo que antes?
6) ¿Qué le parece que se permitiera la permanencia de este grupo hasta febrero de 2017?
7) ¿Sabe si este grupo, que mantuvo una existencia ficticia, recibía asignaciones municipales? Si así fuese, ¿serían malversaciones?
8) ¿Qué le parece que estemos pidiendo información sobre este asunto y se nos niegue por el jefe de su grupo, que es el Alcalde de Azuqueca de Henares?
9) ¿Qué le parece que hoy, ante la repetición de otro caso idéntico al anterior, el Alcalde lo haya resuelto en 24 horas?
En un mundo que marcha con paso firme hacia el despeñadero, qué importa la minucia de una corruptela más.
Artículo de opinión de Emilio Alvarado.