La libertad de expresión, legítima e irreprimible en todo país que se precie de vivir en una democracia, nada tiene que ver con el derecho a insultar y a difamar a una persona o a un grupo de personas. La difamación, la calumnia, la injuria tienen como objetivo la destrucción de la honra y el prestigio de una persona. Para ello se recurre a una mezcla de rumores, informaciones parciales, ambigüedades, ocultación de datos y hechos, mentiras, en definitiva, una presentación sesgada deformada y tendenciosa de la realidad, de modo que quienes reciben la información se formen una idea falsa y negativa de la persona o personas objeto de la persecución.
La Asamblea de Izquierda Unida de Azuqueca de Henares en general y su candidatura, para las próximas elecciones municipales del 28 de mayo, en particular, están siendo durante estos días, víctimas todas y cada una de las personas que la componen, de acusaciones falsas. La única intención que hay detrás es la de desprestigiarnos y hacernos daño. Quienes lo hacen demuestran, no sólo maldad, sino también un profundo desconocimiento de lo que significa formar parte de un partido político.
El difamador suele disfrazarse de adalid de la libertad de opinión, pero en realidad es vil y cobarde porque no se atreve a hablar cara a cara, que es como se resuelven los asuntos. Difaman en ausencia de la víctima. Es aún más vil si presume el silencio cómplice de los “cuatro amigos” antes los que deshonra a su víctima. Su intención no es otra que la de buscar la deshonra pública en el entorno inmediato.
Existe una comprensible y legítima aversión a limitar la libertad de expresión, que es un derecho y una conquista de las sociedades democráticas, pero ese derecho no es extensible a la difamación, que es un delito. El contraste de opiniones, incluso duro, es saludable y necesario. La crítica, incluso acerada, debe aceptarse como parte del proceso intelectual democrático. La confrontación de ideas es una de las características de las sociedades sanas y respetuosas consigo mismas. Pero la difamación, la calumnia, la mentira, el insulto o el escarnio público no forman parte de todo ello.
Esperamos que quienes están vertiendo continuas publicaciones falsas en distintas redes sociales con la intención de exponernos al desprecio público, recapaciten porque el derecho al honor y buena reputación forma parte del elenco de derechos fundamentales protegidos por la Constitución y la intención de vulnerarlos, castigada en el Código Penal.