Artículo de opinión de la portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida en Azuqueca de Henares, María José Pérez Salazar.

Negar la violencia de género va contra el ordenamiento jurídico y pone en riesgo los derechos de las mujeres a una vida digna sin violencia. El maltrato a las mujeres existe desde siempre, pero el término violencia de género es un concepto nuevo que indica que la violencia contra las mujeres no es una cuestión privada, sino un problema que afecta a la sociedad entera y exige políticas de Estado para erradicarla.

La violencia machista la experimentan millones de mujeres en todo el mundo y adquiere diversas modalidades: sueldos de esclavitud, trabajadoras domésticas sin regulación laboral alguna, trabajadoras sexuales, mutilaciones genitales, matrimonios forzados, servidumbre por deudas, privación arbitraria de libertad, feminicidios, abortos selectivos y violaciones como arma de guerra. Se trata de una violencia cultural y específica que se ejerce contra las mujeres por el hecho de ser mujer. Es una realidad incontestable que viene reconocida en la normativa internacional y europea, por mucho que se empeñen en negarla ciertos políticos reaccionarios.

Como sabemos, este concepto se forjó en la última década del siglo pasado, y a ello contribuyó la ONU cuando en 1993, la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, manifestó que la violencia física, psíquica y sexual que se ejerce contra la mujer por el sólo hecho de ser mujer era consecuencia de las desiguales relaciones de poder entre hombres y mujeres en el seno de una cultura patriarcal. En 1995, la Cuarta Conferencia Internacional de la Mujer, celebrada en Beijing, marcó un importante punto de inflexión para la agenda mundial de igualdad de género, en la que difundió el concepto anglosajón gender violence. Finalmente, en 1996, la Organización Mundial de la Salud, al comprobar estadísticamente que había aumentado las lesiones, de manera intencionada, sobre niñas y mujeres, declaró la violencia contra las mujeres como una epidemia y un problema de salud pública.

Fue determinante entonces comprender que la violencia de género se produce por la desigualdad estructural con la que históricamente se han construido las relaciones entre mujeres y hombres. Por este motivo, no cabe negar la violencia de género ni sustituirla por violencia intrafamiliar. Hay que dejar claro que ni son lo mismo, ni se dan en el mismo entorno, ni sus víctimas son las mismas, ni tienen la misma regulación jurídica.

En la violencia que se produce en el mismo núcleo familiar, la víctima puede ser de ambos sexos y la perpetra el cónyuge, excónyuge o persona con un vínculo de parentesco o de convivencia. Este tipo de violencia puede darse, por ejemplo, entre hermanos o entre padres e hijos, y viene regulada por el Código Penal, artículo 173.2 (maltrato habitual en el ámbito familiar).

Por su parte, la violencia de género es un concepto jurídico nuevo que viene regulado en España por la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre,  de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. En este caso, la víctima es la mujer que sufre violencia física, sexual o psicológica de parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes están o hayan estado ligados a ella por relaciones similares de afectividad, aún sin convivencia e independientemente de su estado civil.

También tienen la condición de víctima de violencia de género sus hijos o hijas menores que están sujetos a su tutela o guarda y custodia y sufren esta violencia. Además, dado que la causa de la violencia de género es la desigualdad entre los sexos, hizo falta promulgar la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres e impulsar políticas públicas con las que la igualdad fuera real.

Todo esto hay que tenerlo muy presente en estos momentos y repetirlo hasta la saciedad, en los que lamentablemente, se escuchan discursos negacionistas en las sedes de las instituciones, tal como tuvimos ocasión de presenciar en la última sesión plenaria del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, por parte de la recién estrenada concejala de VOX, la señora Blanca Orozco. Lejos de sumarse a una declaración colectiva de condena a la violencia de género y confeccionada por las personas integrantes del órgano asesor, de participación y consultivo en temas relativos a la integración plena de la igualdad de hombres y mujeres, como es el Consejo Local de Igualdad, se limitó a leer el argumentario reaccionario, nada que no esperáramos, calificando el contenido del texto redactado por el colectivo y con la sensibilidad que el asunto conlleva de “planfleto en el que se rompe el principio de igualdad donde la ideología de género criminaliza al hombre por el mero hecho de serlo y utiliza a la mujer como un arma para alcanzar fines políticos y rédito electoral”. Lamentable que una persona que se sienta en una Institución, además mujer, haga semejantes manifestaciones negacionistas y tenga tan escasos conocimientos jurídicos siendo jurista tal y como dice que es. No saben que al negarla se comenten injusticias de manera automática primero, porque se retrocede en la lucha contra esa violencia, y segundo, porque se blanquea esa misma violencia. Hasta el propio Fiscal General de Estado en funciones, Álvaro García Ortiz, en el acto de apertura judicial, en el mes de septiembre, manifestaba que el discurso negacionista influía directamente en la protección de las mujeres y España era un referente en la lucha contra la violencia de género y en lo que no podíamos retroceder.

La violencia contra la mujer no es ejemplo cualquiera de violencia, sino un tipo específico de violencia. Hablar de “violencia intrafamiliar” es algo tan desacertado que demuestra lo poco que estos señores y señoras de VOX entienden el problema. Al decir “intrafamiliar” igualan las relaciones como si la violencia fluyera en un sentido o en otro en igualdad de condiciones: como si una vez le pegara el padre al hijo, otra vez el hijo al padre, después la abuela al nieto, y ya, por último, el hombre a la mujer. Lo dicho, no entienden el problema. Las cifras son abrumadoras y demuestran que no pueden ser fruto del azar. Tiene que haber algo detrás que haga que se produzca un sesgo sistemático tan evidente contra la mujer.

El machismo, y la violencia contra la mujer existen como fenómenos específicos porque así lo demuestran las cifras. No es cuestión de ideología, como tampoco lo es combatir esta lacra. Es un atentado contra los derechos humanos y la dignidad de las personas, que impide a nuestra sociedad continuar avanzando por la senda del bienestar y del progreso social que deseamos.

 Espero que algún día, los señores y señoras de VOX lo entiendan y se unan a la lucha.  Se lo debemos a las víctimas.