El pasado 23 de mayo de 2024, durante la sesión plenaria de la Corporación de Azuqueca de Henares, las cuatro formaciones políticas con representación municipal, debatían, a raíz de dos mociones presentadas una por PP y otra por VOX sobre la nueva aplicación de la Ley 2/2022, de 18 de febrero, de Aguas de la Comunidad de Castilla-La Mancha, en concreto, el artículo 43, que trata de la nueva tasa que los Ayuntamientos de toda la comunidad de Castilla-La Mancha deberán aplicar a partir del 1 de enero de 2025 por el consumo de agua. De esta forma, se le da cumplimiento a lo establecido en la Directiva Marco del Agua (DMA en adelante) y a los objetivos de ésta para evitar la pérdida y mal uso de los recursos hídricos. Resultó incomprensible que ambos textos que eran idénticos no contaran con el apoyo del PP en la de VOX y viceversa.
Entre titulares de miedo, de cifras sin rigor, así como de solicitudes de unión física de las cuencas hidrográficas a través de un “Plan Nacional Hidrológico”, la derecha conservadora y ultra proteccionista criticaba que el PSOE quisiera aplicar una Ley que ellos mismos en todas las comunidades autónomas donde gobiernan aplican. Tal es el caso de Andalucía que, gobernada por el PP, en este mismo año contemplaba en sus presupuestos, un importe de 140 millones de euros en concepto de ingresos por la aplicación de este canon. De la misma manera, lo han hecho las comunidades de Murcia, Extremadura, Valencia o Galicia. En Galicia, el presidente Alberto Núñez Feijoó y, en Andalucía el socialista Manuel Chaves, en el año 2010, año máximo exigido por la Directiva para la adopción de medidas financieras que ayudaran a conseguir los objetivos hídricos de prevención de pérdidas medioambientales en nuestra región europea, aplicaron este canon.
Durante el debate, ambos partidos repetían lo mismo de siempre, el escenario de una pelea sobre quién tenía más o menos razón. Mientras el PP solicita la eliminación de este nuevo canon al agua, el PSOE defendía que apenas la subida se notaría en un 1€ mas al mes, siendo un aumento por familia de 24€ al año. Lo cierto y como manifestó Izquierda Unida, era que la tarifa de agua iba a subir a todos los ciudadanos, pero también a empresas y comerciantes. El canon es de carácter obligatorio, pero el PSOE de Castilla-La Mancha ha retrasado la decisión hasta que la amenaza de sanción o inhabilitación al acceso de Fondos Europeos ha llegado, catorce años después de superar el límite marcado por la Directiva.
García-Page ha decidido aplicar el canon sin contar con la participación de la ciudadanía ni colectivos de empresas ni de comerciantes de la región, lo que entendemos como un grave error porque es fundamental dar cabida a la opinión de las partes implicadas y lo que es más grave aún, sin que medie ninguna explicación sobre cómo se permite que los complejos deportivos, las piscinas municipales o la industria agrícola o ganadera, estén exentos del pago mientras que al sector de la restauración o pequeños comercios como peluquerías, les vaya a suponer un incremento en sus facturas.
Es difícil comprender que el PSOE en sus años de mandato en la comunidad (gobiernos de José María Barreda y José Bono) ni el PP durante el suyo, no aplicasen el canon y cuando Izquierda Unida le preguntó en el Pleno decidieron no contestar. Pero ¿por qué se aplica ahora? ¿Por qué no sabíamos que el uso del agua tiene un efecto disuasorio neoliberal que grava al ciudadano por la cantidad de consumo mensual? Expliquen señores antes de adoptar medidas.
La realidad de esta región queda reflejada en el comportamiento de los partidos mayoritarios. Mientras nuestra región cede agua a otras comunidades autónomas como Murcia para garantizar la huerta de Europa, el sector primario se transforma y se aceptan campos de cultivo de regadío, como los olivares en detrimento del cultivo de secano o mientras el cambio climático con sus reacciones extremas condiciona los cultivos, la población pagará más en su factura de agua porque así lo ha decidido el Ejecutivo regional. Una vez más, una política que no va a las raíces de los problemas que sufre esta región, como son las transformaciones del terreno en beneficio de unos pocos, pero que decide imponer un canon a los ciudadanos por el consumo de agua.
Izquierda Unida de Castilla-La Mancha ya en 2022 advirtió de la intencionalidad de García-Page cuando se presentó el anteproyecto de la Ley de Agua. La intención real del texto legislativo era cambiar el modelo productivo agrario regional y pasar de uno de secano, que debería ser el preferente en una región seca y cada vez más afectada por los rigores del cambio climático, hacia un modelo de regadío, eso a pesar de lo insostenible que puede resultar ese modelo para el medio ambiente y el uso del agua como recurso que lo sustenta. IU avisaba a los vecinos y vecinas de Castilla-La Mancha de que iban a pagar ese cambio con una nueva tasa que afectaría a las economías familiares y que era un error que ese documento legislativo naciera antes que el Pacto del Agua estuviera cerrado.
La justificación que daba el PSOE es que de esa recaudación se destinará el 25% a los Ayuntamientos para la mejora de las redes hídricas del municipio, sin explicar a que se destinará el 75% restante. Algo que no se entiende cuando, además, los municipios pagarán no solo por los consumos municipales, sino también por las pérdidas de agua en redes y tuberías municipales.
A seis meses vista de su aplicación, ante la duda que genera la gestión y cómo repercutirá realmente a cada municipio, desde Izquierda Unida, propusimos la suspensión cautelar del nuevo canon del agua hasta que se convoque una Mesa de Agua en la que estuvieran presentes grupos políticos, sindicatos, colectivos agrarios y representantes de sector comercial e industrial para alcanzar un posible acuerdo en la aplicación de ese canon. Lo que de ninguna manera se debe permitir es que un derecho humano esencial como es el agua sea mercantilizado, para no tener ninguna justificación ni posibilidad de cortar el suministro en caso de impago, que desgraciadamente, con esta nueva tasa sería más probable.
De igual modo, mostramos nuestra oposición a la propuesta de unión física de cuencas hidrológicas a través del Plan Hidrológico Nacional que solicita la ultraderecha. No deberían hablar de sequía cuando niegan la realidad que sufre la zona sur de nuestro país o niegan el cambio climático. No se debe permitir que esquilmen los recursos hídricos de una región en beneficio de los grandes terratenientes que no contemplaron las demandas hídricas de cultivos no aptos para las condiciones climáticas de nuestro país.