Lo que empezó siendo una crisis financiera unida a una burbuja inmobiliaria es ya una crisis de carácter general que afecta a la industria y a los servicios. No se trata, por tanto, de que el sistema financiero tenga problemas sino que, como consecuencia de esos problemas, se están destruyendo miles de puestos de trabajo en empresas clave de toda España, tanto del sector industrial como del sector servicios. La crisis azota a toda la zona del Corredor y también a Azuqueca de Henares, afectando a empresas tan emblemáticas de nuestros polígonos industriales como Tudor e Iberofón, y también se ceba en pequeñas empresas de servicios y en el sector de los autónomos que viven un drama que no tiene repercusión en los medios informativos.
Todo lo que está ocurriendo se reduce a lo siguiente: asistimos a los desequilibrios del capitalismo y a las consecuencias de la falta de regulación y de controles que han provocado una crisis que está dejando a muchas familias en el paro.
Los principales culpables de todo lo que está ocurriendo son las entidades financieras que nos han mentido y que nos han llevado a una situación ruinosa, mientras sus directivos y los que manejaban información privilegiada se enriquecían bochornosamente.
También son culpables, y no en menor grado, los que han pretendido tanto de palabra como con sus actos que no hubiera regulaciones sobre los mercados financieros. Hay que decirlo con claridad: el PP es un gran consentidor de esta crisis porque se opone a regular los mercados de capitales, los flujos financieros internacionales y el comportamiento de las juntas directivas de los bancos y otros intermediarios financieros. El PP forma parte de esa gran coalición de partidos que, bajo la hegemonía de la extrema derecha norteamericana, han convertido al libre mercado en un nuevo Dios intocable. Y si alguien quiere comprobar la veracidad de esta afirmación no tiene más que escuchar a Esperanza Aguirre y leer todas las publicaciones de la FAES, que es el cerebro ideológico del PP. Desde la FAES el PP dice que para salir de la crisis hay que empeorar las condiciones laborales de los asalariados, reducir impuestos a los más ricos, privatizar servicios públicos y que el Estado debe gastar menos, sobre todo en protección a los más desfavorecidos. Es evidente que el PP quiere cargar el coste de la crisis sobre la espalda de los trabajadores para proteger a los que la provocaron, quizá porque afiliados y simpatizantes muy principales del PP forman parte de esa élite que nos está llevando a la ruina.
También el Gobierno debe afrontar la parte de responsabilidad que tiene en toda esta calamidad. Antes de la crisis no quiso escuchar a los que decíamos que había que regular las finanzas internacionales, que había que combatir los movimientos especulativos de capitales y que la economía española no podía crecer sobre la base del negocio de la construcción. Además, mientras la crisis se estuvo gestando y había signos evidentes de lo que se nos venía encima, el Gobierno se empeñó en no reconocer los hechos y se dedicó a malgastar tiempo y energía para convencer a la opinión pública de que no había razones para preocuparse. Por último, el Gobierno es responsable de haber inyectado a las mismas entidades financieras que han provocado este terremoto 20.000 millones de euros con cargo al Tesoro Público, sin haberles exigido unas garantías mínimas sobre el uso de esa enorme porción de la riqueza nacional.
Y, por supuesto, hay que denunciar a todas las empresas que quieren aprovechar la crisis para reducir costes laborales o despedir a trabajadores aún cuando siguen siendo perfectamente viables y mantienen cifras de beneficios muy considerables. Este es el caso de la multinacional Exide Technologies (Tudor), con 38 millones de euros de beneficios en 2008 y con 17 millones de beneficios en lo que va de 2009, que plantea despedir a 140 trabajadores de tres centros de producción en España, correspondiéndole a la factoría de Azuqueca de Henares 80 despidos. Además, en el colmo de la desfachatez Tudor ha solicitado 20 millones de euros de ayudas al Gobierno. Tudor, por tanto, pone la mano para recibir subvenciones, sigue teniendo beneficios y, a la vez, quiere despedir trabajadores. Hoy son Tudor e Iberofón en Azuqueca de Henares y Nestlé en Guadalajara. Ayer fue AVICU. Desgraciadamente, mañana serán muchas más. Algo hay que hacer ya para frenar esta sangría y para evitar que en el futuro vuelva a producirse una situación semejante.
Izquierda Unida ha estado muy sola en la denuncia de esta situación. Pero no sólo hemos sufrido el aislamiento de los grandes partidos nacionales y de los medios de comunicación, sino que también fuimos tildados de agoreros y de trasnochados cuando advertíamos del riesgo. Convendría que todos los que nos acusaron de estar equivocados recapacitaran sobre su actitud y que en el futuro fuesen un poco más humildes.
No podemos terminar estas reflexiones sin hacer mención al comportamiento mostrado ante la crisis por los concejales del PP de nuestra localidad. Los ciudadanos deben saber que los concejales del PP no se sumaron a la manifestación de los trabajadores de Tudor que discurrió por las calles de nuestra ciudad. A los dirigentes del PP de Azuqueca de Henares podríamos atribuirles insensibilidad o sentimiento de culpa para explicar la insólita actitud demostrada el día de la manifestación de Tudor. Como somos benevolentes optaremos por la explicación basada en el sentimiento de culpa. Los concejales del PP saben que pertenecen a un partido que predica la flexibilización de las condiciones laborales y se sienten obligados a defender a Aznar que hasta hace muy poco trabajaba para una entidad especulativa con sede fiscal en las Islas Caimán. Quizás por eso no se sumaron a la manifestación y decidieron contemplarla desde la acera en los últimos diez metros de recorrido, como si se tratara de un pasacalles cualquiera. Mantenerse al margen del sufrimiento de sus paisanos que luchan por no ser despedidos es su aportación para salir de la crisis actual. Enhorabuena. No esperábamos menos del PP.