Desde que la señora Cospedal es Presidenta de la Junta de Comunidades, asistimos a un deterioro imparable de los servicios públicos básicos en nuestra provincia. Estos servicios (educación, asuntos sociales y sanidad) son los pilares del Estado del bienestar, razón de ser de las Comunidades Autónomas y fundamento de los derechos colectivos de las personas.
El primer embate lo sufrió la educación pública, que en el inicio del pasado año escolar, allá por el mes de septiembre, soportó una porción intolerable de despidos de profesores interinos. A esta decisión se han añadido en los meses siguientes recortes en programas de formación del profesorado, no cobertura de las bajas por enfermedad salvo casos excepcionales, no reposición de las vacantes que resultan de la jubilación de docentes, cierre de escuelas rurales, desmantelamiento de la red de transporte escolar, supresión de programas para los alumnos más desfavorecidos, etc… Resulta incontestable que desde que Cospedal gobierna tenemos menos profesores, están peor pagados, se dificulta su formación y cuentan con menos medios para cumplir con la triple tarea de enseñar, educar y formar a nuestros hijos. Mientras tanto, la escuela concertada se salva de la poda, en lo que no es sino un ejemplo de discriminación ideológica incompatible con la Constitución. Algunos creíamos, ingenuamente, que en nuestra sociedad la nobleza del dinero había sido desterrada y reemplazada por la nobleza del mérito, propósito en el que la escuela pública desempeña una función inigualable. Visto está que nos equivocamos, porque la sombra del privilegio, empujada por la crisis y por los corifeos de los recortes, cubre nuestras cabezas.
Los servicios sociales en la provincia tampoco han quedado indemnes a la furia de los recortes. Han desaparecido numerosos planes de integración y otros han quedado reducidos a una condición muy precaria, dejando en el desamparo a los ciudadanos que los recibían y en la calle a numerosos trabajadores que los desempeñaban. Se ha puesto en una situación crítica a las Casas de Acogida, a los Centros de la Mujer y, también, la ayuda a domicilio. Además, se han dejado de pagar las ayudas a la dependencia, las residencias de ancianos que dependen de la Junta están al borde de la zozobra por el impago de las nóminas a sus trabajadores, queda por ver qué pasará con las subvenciones que sostienen las guarderías públicas y así un triste etcétera, que se resume en una conclusión: con cada recorte se conculcan los derechos de los colectivos más desfavorecidos o en situación de riesgo y exclusión. De nuevo, como en el caso de la educación, las decisiones del gobierno de Cospedal dañan a las personas, pero ahora aumentando su vulnerabilidad. Una peculiaridad de los recortes en servicios sociales es que afectan muy gravemente a las cuentas municipales, porque muchos de ellos están convenidos con los Ayuntamientos, que sufren otras disminuciones de ingresos que asfixian su capacidad para atender a sus competencias.
El tercer puntal del Estado del Bienestar, la sanidad, tampoco escapa a la decisión suicida de aplicar unos ajustes imposibles, por lo demás fijados allende nuestras fronteras. Inversiones olvidadas, obras a medio terminar, privatizaciones hospitalarias que traerán la ruina del sistema de salud y deterioro intolerable de los equipamientos y prestaciones existentes. En el Hospital Provincial de Guadalajara la situación empeora a diario. Se producen altas hospitalarias sin que se cumplan unas condiciones mínimas, poniendo en gravísimo riesgo la vida de los pacientes. Se especula con cerrar plantas enteras y suprimir camas de urgencias. Se habla de acortar y abaratar tratamientos para grupos de edad a los que se les reducen sus esperanzas de supervivencia de manera intolerable. No se cubren las bajas del personal médico y enfermería excepto en casos excepcionales. Se despide a interinos y se obliga a trabajar a los profesionales que quedan en plantilla en condiciones de gran presión, lo que aumenta el riesgo de que se produzcan errores fatales en la aplicación de tratamientos y en la determinación de los diagnósticos. La lista de recortes es tan vasta que produce pavor reproducirla al completo. Si la disminución intolerable de los gastos en educación acorta las posibilidades de desarrollo profesional de las personas, y la aplicada en los servicios sociales eleva el desamparo de los más débiles, la que se ejecuta en materia de salud pone en peligro la vida misma.
Administrados a la vez, el efecto de tantos recortes es devastador. Sin punto de exageración podemos afirmar que en Castilla-La Mancha está desapareciendo el Estado social y democrático de Derecho, que consagra el artículo 1.1 de nuestra ley fundamental. Pero la situación, con ser muy grave, puede volverse crítica en pocos meses si es que se aplican nuevas restricciones presupuestarias, como parece que va a ocurrir.
El deterioro que hemos descrito es el resultado de un déficit generado por la administración anterior (proclive a perdonar impuestos a los más ricos), al que se suma la aplicación de dos recortes presupuestarios brutales acometidos por el ejecutivo de Cospedal, que ascienden a 1.815 y a 350 millones de euros respectivamente.
No pareciéndole suficiente a los señores del PP un tajo de tal magnitud, se aproximan dos inminentes que pueden darle la puntilla al sistema: el que vendrá de unos Presupuestos Generales del Estado famélicos (con 27.300 millones menos que el año pasado) y otro adicional de 10.000 millones en sanidad y educación, a repartir entre las Comunidades Autónomas, al que se han sumado con fervor irracional los presidentes de las regiones gobernadas por el PP. Con seguridad que de este barquinazo ya no saldremos.
No pueden escudarse Cospedal y Rajoy en la herencia recibida para justificar su propia barbarie. Primero, porque conocían a qué se enfrentaban, por mucho que ahora se hagan los sorprendidos. Después, porque el PP es responsable también, como pieza fundamental del régimen de alternancia, de la situación presente. Y, además, porque ahora aplica el programa de sus sueños, que consiste en privatizar, reducir el peso de la administración y elevar la desigualdad social. En todo caso, nadie está obligado a obrar contra su voluntad y si al PP le repugnan sus decisiones, que dimita de todos los gobiernos.
Qué diferentes hubieran sido los resultados de Cospedal y de Rajoy si en la última campaña electoral hubieran prometido más paro, cerrar hospitales, abaratar el despido, amnistiar a defraudadores, subir impuestos a los trabajadores, rebajar los sueldos de los asalariados y echar a miles de trabajadores públicos a la calle. Si hubieran dicho la verdad o, al menos, lo que pensaban, probablemente no habrían alcanzado la mayoría absoluta y hoy rugirían en la oposición. Pero decidieron mentir a una ciudadanía cansada de padecer tantas ofensas y que, a medida que pasa el tiempo, es menos proclive a olvidar.