Estudiantes y padres de estudiantes, hartos del desguace que sufre la educación pública, convocaron jornada de huelga en toda España (la primera de la historia de la democracia a la que se suma también la CEAPA) el jueves 18 de octubre, que culminó con manifestaciones por la tarde en todas las capitales de provincia. En nuestra localidad el seguimiento de la huelga no fue inferior al 50%, a pesar de que los profesores trabajaron ese día. La manifestación de la tarde en Guadalajara congregó a unas mil personas.
La huelga del jueves, para todos los niveles educativos, se sumaba a las dos jornadas previas de paro convocadas en el bachillerato por el Sindicato de Estudiantes.
Las razones de la protesta son tan justas como oportunas: los estudiantes quieren estudiar, que cuando un profesor enferme sea sustituido por otro para no perder clase, no estar en las aulas como sardinas en lata, impedir la discriminación de los alumnos desfavorecidos económica y socialmente, o que se restituyan las clases de apoyo que recibían los estudiantes que padecen alguna dificultad adicional. Piden, en suma, una educación científico-humanística en condiciones y accesible a todos, sin distinción de origen, para construir una sociedad libre y justa basada en el mérito y la capacidad.
Mientras lo mejor de la sociedad se echaba a la calle para reclamar sus derechos, los periódicos y emisoras del sistema esparcían insultos y mentiras sobre los convocantes. Al gallinero mediático se unía el exabrupto del diputado popular de turno, comparando a padres y estudiantes partidarios de la protesta con batasunos, o el desprecio del ministro del ramo (más bien de la rama), que afirma que las manifestaciones y otras quejas ciudadanas le traen sin cuidado, porque él está a lo suyo, que es destripar la enseñanza pública y reducir la cultura a un asunto de cuernos.
Es ya costumbre que el gobierno y sus terminales mediáticas, cuando arrecia la protesta ciudadana, se dediquen a injuriar al que, dolido por el pisoteo, exclama un ¡ay! lastimero. Pero ocurre ya que con el ultraje al disconforme no basta. Para tapar sus insidias el gobierno ha abierto un camino adicional: la brutalidad policíaca, la censura informativa y un nuevo código penal que va a llenar este país de ciudadanos con antecedentes. Resucita la España berlangiana del Todos a la cárcel.
Vamos camino de convertir la manifestación en hábito y al manifestante en delincuente, lo que va contra la naturaleza de las cosas. No se puede mantener eternamente lo que es excepcional, ni encarcelar o multar al 80% de los ciudadanos por mostrar públicamente su disconformidad.
La crisis, azuzada por las medidas salvajes del PP, lleva a la desesperación a cada vez más familias, por lo que pronto se romperá el equilibrio, siempre inestable, entre la brutalidad represora de un gobierno empeñado en suicidar a un país y la resignación del que, tundido a conciencia, ya no tiene donde caerse muerto.