Crónica del Pleno del 23 de enero de 2014

Comenzó el Pleno con la moción presentada por el PSOE en la que se solicitaba a la
Junta un Plan de Empleo para nuestro municipio.
Esta reivindicación, junto con los Planes Experimentales y los Talleres de Empleo, es una
cuestión desatendida, para desgracia de nuestros parados, desde que gobierna
Cospedal. Los recortes aplicados por el gobierno de la Junta han sido brutales, tanto en
los servicios públicos básicos (sanidad y educación) como en el fomento del empleo.
Además, las decisiones del PP han provocado un aumento del paro desconocido e
intolerable, más pobreza, desigualdad rampante y emigración de los más jóvenes y
formados de nuestra región a otros países. Dicho de otro modo, el gobierno de Cospedal
es una calamidad, un castigo, una afrenta a los ciudadanos, un peligro social que no nos
merecemos, una ruina, a lo que se añade que no tiene legitimidad para hacer lo que
dispone porque alcanzó el poder mintiendo y porque está dirigido por una cúpula
corrupta.
El portavoz de IU, Alvarado, apoyó la moción no sólo porque ahora es más necesario que
nunca destinar fondos públicos para planes de empleo (252.114 parados y 100.000
familias sin ingresos los reclaman) sino porque las Comunidades Autónomas tienen la
competencia para hacerlo y no los municipios. Es vergonzoso que el PP quiera convertir
a los ayuntamientos en delegaciones del ministerio del interior bajo la acusación de
despilfarro, cuando la realidad es que los ayuntamientos son forzados a asumir
competencias impropias y sin financiación porque los gobiernos que tienen el mandato
de ejecutarlas (la Junta de Cospedal y la Diputación de Guadalajara de Guarinos) no lo
hacen.
La moción resultó aprobada por unanimidad.
Tras la aprobación del texto anterior, el grupo popular presentó una moción sobre el
servicio “biciudad” que, recordamos, fracasó a causa del vandalismo de unos incívicos
que se ensañaron con las bicicletas públicas y las bancadas desde el inicio de su
funcionamiento, allá por el año 2009. Lo que pedía el grupo popular no era exactamente lo
que se espera de una moción, aunque esta cuestión formal no era a nuestro juicio lo más
importante sino su queja de que la mayoría absoluta de Bellido no contesta a algunas de
sus preguntas (al igual que a algunas de las nuestras) lo cual es lamentable que ocurra
gobierne quien gobierne. En resumen, el PP pedía conocer cuánto costaron los daños
vandálicos de una minoría, que se informara a los vecinos de las razones por las que este
servicio fue suprimido y, finalmente, sobre las intenciones del gobierno acerca de un
posible restablecimiento del programa biciudad. Como las peticiones del PP eran
razonables, el portavoz de IU votó a favor de la moción. No así el PSOE que,
escudándose en un formalismo vacío y en turbias intenciones inverosímiles, se negó a
aceptar una moción que no iba contra nadie y que sólo pedía más transparencia.
Con este ejemplo, nimio si se quiere, se pone de manifiesto que con el bipartidismo
estamos condenados al bloqueo institucional y a la ocupación patrimonial de la
administración, lo cual no tiene pase porque el bipartidismo ha provocado una crisis
política y representativa peligrosísima que es necesario superar, siendo condición
necesaria para lograrlo romper su dominio y quebrar la influencia de sus élites.
Terminaba la parte resolutiva del Pleno con la moción presentada por IU a favor de la
prevención de la pobreza energética. En la moción pedíamos lo siguiente:
a) Al gobierno central, que apruebe una ley en la que se cambie radicalmente el
sistema de fijación de precios de la electricidad, que es un galimatías que
envuelve una estafa contra los ciudadanos, medidas fiscales favorables a las
familias con menos recursos, precios sociales y una tregua invernal para que
ninguna persona sin medios se quede sin luz ni calor en su hogar.
b) Al gobierno municipal, que elabore un censo de familias y personas necesitadas y
que dé traslado de esos datos inmediatamente a la Junta de Comunidades para
que ésta cumpla con sus obligaciones hacia ellas, puesto que la competencia
social corresponde a las autonomías.
El PSOE votó a favor de la moción y el PP se abstuvo sin entrar en el fondo del asunto
pero aduciendo que un cambio de la ley para fijar los precios de la electricidad era
cuestión que le superaba. La respuesta a esta objeción por parte del portavoz de IU,
Alvarado, fue que lo que subleva es que haya políticos del PSOE y del PP que
desempeñan cargos muy bien remunerados en los consejos de administración de las
eléctricas más importantes y que quizás eso explique que las eléctricas, desde hace
muchos años, tanto con el PSOE como con el PP, hayan estado robando impunemente a
los ciudadanos cobrándoles tarifas abusivas, lo cual es doblemente escandaloso en un
país bañado por el sol. Como nuestros razonamientos no hacían mella en el ánimo del
portavoz del PP, señor Curto, Alvarado detalló la retahíla interminable de políticos del PP
y del PSOE que han cobrado o cobran del sector eléctrico y de otras compañías
energéticas, estómagos agradecidos de un sistema a derribar:
Red Eléctrica: PSOE (Mª Ángeles Amador, Miguel Boyer, Luis Atienza), PP (José
Folgado, Ángel Acebes, López del Hierro)
Endesa: PSOE (Elena Salgado, Braulio Medel, Manuel Amigo, Pedro Solbes), PP
(Aznar, Luis de Guindos, Pío Cabanillas)
Iberdrola: PP (Acebes, Ignacio López del Hierro)
Gas Natural-Fenosa: PSOE (Felipe González, Narcís Serra), PP (Nemesio Fernández
Cuesta, Santiago Cobo)
Tras leer este listado infame, el portavoz de IU exigió a los concejales del PP y del PSOE
que reprobaran a estos personajes que han mantenido un sistema de precios que sólo
puede calificarse de robo a gran escala en los bolsillos de los consumidores.
Los concejales del bipartito callaron porque para ellos está por delante defender los
expolios de sus camaradas que el interés general. Y mientras tanto, los unos seguirán
llamándose socialistas (de socialis o sociable, de interés social) y los otros populares
(del latín populares o partidarios del pueblo). Qué vergüenza.
Ojalá el país se rebele cuanto antes contra la injusticia de un sistema perverso que se
sostiene en una casta popular y socialista anclada desde hace treinta años en el poder
político y aliada de otra casta financiera, empresarial, ideológica y mediática que siempre
ahogó y que ahora condena a la miseria a la mayoría de la población.