Cuatro profesores y un activista se enfrentaban hoy en los Juzgados de lo Penal de Guadalajara a la petición de cuatro años de prisión por participar en una protesta contra los recortes en educación y en defensa de una educación pública que protagonizaron en el año 2011.
El 7 de septiembre de ese mismo año se iniciaron los recortes a la Educación Pública por parte del gobierno de Cospedal que suponía, entre otros, el fin de muchos refuerzos, desdobles y apoyos para el alumnado de la escuela pública, el aumento de las ratios en las aulas, el aumento de las horas lectivas para el profesorado y el desplazamiento de miles de estos así como el despido de 800 profesores. Consecuencia del inicio de estas políticas, cientos de profesores se dieron cita espontáneamente frente a los Servicios Periféricos de Educación en la ciudad de Guadalajara y, desde allí, se dirigieron pacíficamente hacia el Teatro Buero Vallejo, donde se leía el pregón de las fiestas que fue interrumpido por la entrada de los profesores como antes lo habían interrumpido oros colectivos con sus reivindicaciones laborales. Se trató, básicamente, de una protesta pacífica.
La primera de las grandes protestas de la era Cospedal. Pero días después, el Ayuntamiento de Guadalajara, con los únicos votos del Partido Popular, pidió “la identificación y el castigo” para los culpables de tales hechos. Cuatro profesores y un activista social fueron identificados por procedimientos poco claros y procesados. Y aunque la fiscalía no vio inicialmente razones para imputar delito alguno, lo cierto es que hoy estas personas se han visto abocados a un juicio penal, donde la acusación particular, en representación de cuatro de todos los policías locales presentes en el teatro, pide cuatro años de cárcel para estas personas, en un juicio que cada vez parece que tiene más de político (criminalizar la protesta social).
El Gobierno del PP ha amedrentado por la vía administrativa a las personas que reclaman sus derechos en la calle, con toda clase de sanciones, a través de su red de delegados y subdelegados en las comunidades autónomas y provincias. Finalmente, para cerrar el círculo, el Ministro de Justicia sube las tasas judiciales, bloqueando el acceso a la tutela judicial efectiva.
Este es el punto en el que nos encontramos. Pisoteo de la Constitución, criminalización de la protesta social, persecución de la desobediencia civil, represión, multas, miedo y violencia policial injustificada contra el que disiente, ordenadas por un gobierno que ya no tiene más argumento que la porra y la mentira.