Conocemos que los brutales recortes aplicados a la educación pública desde el inicio de la crisis por los gobiernos del PSOE y del PP han tenido graves consecuencias para la misma, como la reducción de la inversión en 9.000 millones y de 45.000 profesores y profesoras.

También, que la LOMCE, ley profundamente segregadora, sigue implantada en la escuela pública con el objetivo de obtener un sistema educativo más devaluado y poder configurar una sociedad menos cohesionada, menos crítica y más dócil. Pero por otro lado, aumentan los recursos públicos que se canalizan a la enseñanza privada concertada.

Y en este contexto, nos encontramos con que la derogación de la LOMCE, exigencia clara de la comunidad educativa, distintos colectivos, plataformas, organizaciones educativas y sindicales, así como la mayoría de partidos políticos, sigue sin cumplirse. Por el contrario, continúan las políticas de acoso y derribo hacia la escuela pública, plasmadas últimamente en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado donde la inversión en la educación pública vuelve a caer al 3,7% del PIB, lo que nos retrotrae al año 1982.

Una vez más, esta brutal regresión en la inversión va a tener consecuencias drásticas en la educación pública: la no renovación del puesto de trabajo de miles de profesoras y profesores interinos; el cierre de unidades en la escuela rural; la imposibilidad de establecer desdobles, grupos de refuerzo y atención a la diversidad; la pérdida sustancial de derechos laborales y profesionales consolidados por el profesorado; y la práctica desaparición de la oferta de empleo público docente. El profesorado presta a la sociedad un servicio esencial, y sus condiciones de trabajo no pueden seguir constantemente empeorando.

Redes por una Nueva Política Educativa quiere recordar el compromiso que adquirieron los partidos políticos que votaron en el Congreso la derogación de la LOMCE y que se aplique el resultado de las dos votaciones que demostraron que una mayoría parlamentaria rechaza esta ley y, por tanto, procedan a derogar la misma YA.

De igual forma, instamos a que se perfilen medidas para introducir la totalidad de la etapa 0-6 como etapa educativa, se derogue el articulado de la LOE y la LOMCE que afecta a la educación infantil, introduciendo los requisitos mínimos para garantizar una oferta pública de calidad, y legislar en consecuencia, incluyendo la escolarización desde los 0 años.

Llamamos a que se respete el carácter laico en el conjunto del sistema educativo para que eduque sin dogmas y elimine toda forma de adoctrinamiento del currículo escolar, puesto que la mayoría parlamentaria aprobó sacar la Religión del ámbito escolar y denunciar los Acuerdos con el Vaticano.

Asimismo, exigimos que se reviertan los recortes y se derogue la normativa que ha implantado medidas excepcionales y que sigue lastrando a la escuela pública (Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, y Ley Orgánica 2 /2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera).

La LOMCE se mantiene vigente utilizando el RDL 5/2016 que modifica las evaluaciones individualizadas de 4º eso y 2º bachillerato, dejándolas sin efecto sobre la titulación hasta que una nueva norma surgiera del pacto educativo. Fue una estrategia del PP para alargar la vida de esta ley otra legislatura. Ya no hay pacto, pero la LOMCE sigue prorrogada y, aunque las evaluaciones siguen sin efecto, toda la ideología que subyace se mantiene a pesar que el único grupo que la votó ahora tiene una mayoría raquítica.

Llevamos, especialmente estos últimos años, movilizándonos por la educación pública, y ahora denunciamos la falta de eficacia y la pérdida de tiempo que ha supuesto la Subcomisión para un Pacto de Estado Social y Político por la Educación, con un sistema de comparecencias donde la comunidad educativa de la Escuela Pública ha estado escasamente representada.

Es decir, la Educación Pública en las etapas no universitarias, aún siendo mayoritaria en todo el Estado y la que ha sufrido los recortes ha, estado infrarrepresentada, al igual que las mujeres: sólo un 20% del total de comparecencias, cuando su porcentaje es mayoritario en todas las etapas educativas. De igual forma, lamentamos la escasa transparencia hacia la opinión pública y la falta de debate e interacción con la sociedad y la comunidad educativa.

La iniciativa de Redes por una Nueva Política Educativa insta a las parlamentarias y parlamentarios a que consideren el trabajo de la comunidad educativa y la sociedad civil que lleva realizándose desde hace más de 3 años, e invitamos a participar para construir entre todas y todos la Educación que queremos. Asimismo, exigimos a los partidos que se comprometieron a derogar la LOMCE a crear un espacio de debate de la futura ley educativa, donde la participación de la Comunidad Educativa sea real y vinculante.

Denunciamos cómo el Partido Popular continúa recortando en la Educación Pública y cómo la LOMCE, lejos de estar paralizada, se sigue implantando en los centros escolares. También instamos a la Consejería de Educación y al Gobierno de Castilla La Mancha, Comunidad en la que se sigue implementando la LOMCE, a que desistan de aplicar una ley claramente rechazada, con efecto segregador tanto en el profesorado, familias y alumnado.

Esperamos que las fuerzas políticas no ignoren a los y las damnificadas por los recortes y no hagan oídos sordos a las demandas de la Educación Pública. La demora en la necesaria derogación de la LOMCE la interpretaremos como una falta de compromiso político con la ciudadanía que ha luchado contra esta ley regresiva y cuya derogación el Parlamento ha refrendado.

En consecuencia, exigimos la derogación de la LOMCE YA, la restitución de la etapa educativa 0-6 y la derogación del Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo y la Ley Orgánica 2 /2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y un pacto estatal que garantice la estabilidad y consolidación del colectivo interino.

Argumentario