Una vez más, los ediles del grupo municipal de Izquierda Unida de Azuqueca de Henares denuncian la falta de claridad del gobierno municipal socialista a la hora de rendir cuentas en cualquiera de las áreas que gestionan, pero muy concretamente, en la de fiestas.
“Llevamos meses solicitando a la responsable del ramo, la señora Martín, que convoque a loa grupos de la oposición para que nos explique con detalle la cuantía que se destinó a fiestas en el 2017 y lo que llevan ejecutado durante este año. Desgraciadamente, la edil nos niega ese derecho porque debe pensar que no somos tan representantes de los ciudadanos como ella”. Así de tajante se muestra la portavoz de la formación de izquierdas en el Ayuntamiento azudense, María José Pérez Salazar.
“Lo más grave aún, y después de la polémica que se originó con el concierto de Raphael celebrado el 7 de septiembre, es que nos niega la posibilidad de examinar cualquier documentación fruto de la relación entre la empresa promotora del evento y este Ayuntamiento para que dicho concierto se celebrara en el municipio. Se lo solicitamos por escrito en dos ocasiones, una el 10 y otra el 24 de septiembre, y aún no hemos obtenido respuesta, porque entiende esta señora que no somos nadie para exigirle nada”, manifiesta Pérez.
“Le recordamos a la señora Martín y a su grupo que uno de los preceptos específicos que regulan el derecho de participación de los representantes de los ciudadanos en los asuntos públicos, como es el artículo 77 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), establece que todos los miembros de las Corporaciones Locales tienen derecho a cuantos antecedentes, datos o informaciones estén en poder de los servicios de la Corporación y resulten precisos para el desarrollo de su función. También son disposiciones específicas los artículos 14 y siguientes del ROF que prevén de forma análoga el ejercicio del derecho, dando al posible silencio el carácter de positivo, en el caso que en los cinco días a que se refiere el precepto no se hubiese dictado resolución denegando la solicitud”.
“Observando la poca disposición que tienen las concejalas y concejales socialistas a proporcionarnos cualquier documentación para que podamos desempeñar nuestra labor fiscalizadora, recurriremos a la figura del Defensor del Pueblo como hemos hecho en otras ocasiones. Esta es la transparencia de la que presume el gobierno socialista”, finaliza Pérez.