Blanco no contaba con respaldo legal para ceder el frontón

El grupo municipal de IU en el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares afirma que José Luis Blanco sabía desde el 21 de octubre, que no podía ceder el uso del frontón y aún así siguió adelante con la decisión

María José Pérez Salazar, la portavoz de la formación de izquierdas, ha acusado al Alcalde José Luis Blanco y a su grupo de haber engañado a las personas que regentan los locales de ocio nocturno tras firmar un convenio de cesión del espacio municipal cuando contaba con un informe desfavorable de la Secretaria Municipal.

En el expediente sobre procedimiento de medidas especiales en materia de Salud Pública para la contención de la expansión de la Covid-19 en el término municipal de Azuqueca de Henares, de fecha de 21 de octubre de 2020, y a tenor de lo dispuesto por el Gobierno de Castilla-La Mancha, la Secretaria del Ayuntamiento dice expresamente en un informe:

 “En consecuencia, todos los establecimientos que operan bajo una licencia de actividad de las enumeradas en el artículo 24, deberán permanecer cerrados en el cumplimiento del Decreto 24/2020 de 19 de junio, sobre medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez superada la fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, en la redacción dada por el Decreto 49/2020 de 21 de agosto, por el que se modifica el anterior.

La apertura de los locales de dichos locales requiere la previa obtención de licencia para el ejercicio de una actividad de las permitidas por la referida legislación”.

María José Pérez ha indicado que “aún así y a sabiendas de que estaba incumpliendo la normativa porque a esos locales no se les había concedido la licencia por cambio de actividad, el Alcalde Blanco, un señor que cree que estar por encima del bien y del mal porque se debe considerar descendiente de alguna deidad, no tuvo ningún pudor en saltarse las normas, en plena pandemia, y firmar el día 10 de noviembre, con las personas que regentan determinados locales de ocio nocturno, un convenio de colaboración en el que cedía el uso del frontón, a pesar de que conocía de sobra que ese documento no tenía ninguna validez jurídica”.

Ha señalado también que en el expediente se encontraba un informe de la letrada de urbanismo, de fecha de 23 de octubre,  en el que se establecían los requisitos exigibles para la concesión de licencia por cambio de actividad y poder ejercer la de bar-cafetería en sus propios establecimientos.

Pérez subraya que ha sido José Luis Blanco y su nefasto equipo quienes han engañado al sector, por mucho que ahora intente culpabilizar a Izquierda Unida, cuando estaban advertidos por los propios técnicos municipales de que esa decisión estaba absolutamente prohibida.

Aclara que ha sido su formación la que ha propuesto, desde el inicio de la pandemia, medidas para ayudar a todos los sectores, muy concretamente a los autónomos, y que ha sido el equipo de Blanco el que no las ha cumplido. Considera que es muy sencillo difamar a quien realmente propone medidas y soluciones, sobre todo, cuando uno se apropia de los medios de comunicación municipales, aunque insiste en que no le sorprende porque la bajeza moral es uno de los rasgos que identifica al Gobierno de Blanco.

La portavoz de IU considera inadmisible que, en una situación de máxima gravedad por la expansión de la Covid-19, en la que nuevamente se ha tenido que decretar estado de alarma, en la que el número de fallecidos roza, alguno de los días, las cifras de 400 personas y en el que las autoridades sanitarias, independientemente de la actividad de que se trate, recomienda que se evite las aglomeraciones en lugares cerrados, Blanco haya incumplido las normas, haya engañado al colectivo y haya intentado poner, una vez más, en peligro a la población. Estas son las razones por las que Izquierda Unida interpuso una denuncia ante los Tribunales el pasado 2 de noviembre.

Espera que José Luis Blanco dé la cara y explique públicamente lo sucedido y que la justicia actúe, no sólo con la imposición de una sanción, porque desgraciadamente, serán los contribuyentes quienes hagan frente al pago, sino que los inhabilite por poner de nuevo, en riesgo al conjunto de la ciudadanía.