El gobierno de Cospedal rompe la paz

No han pasado ni quince días desde que en el Ayuntamiento se discutieron dos mociones contra la represión ejercida por el PP contra los ciudadanos que disienten y protestan, cuando ha llegado una nueva remesa de multas a doce vecinos de nuestra localidad por participar en manifestaciones y encierros pacíficos en contra de los recortes y de los desahucios.

La relación de los hechos es como sigue. Un ciudadano azudense ha sido multado con 302 euros por participar en una manifestación pacífica que discurrió por las calles de nuestra ciudad, el día 14 de noviembre de 2012. Ese mismo día, otros tres vecinos de Azuqueca de Henares se encerraron pacíficamente en una oficina del BBVA en Guadalajara para evitar el desahucio de una anciana, por lo que han sido multados con 200 euros cada uno. Otros tres ciudadanos de nuestra localidad han sido sancionados con 600 euros cada uno por participar en una concentración de protesta contra los recortes sanitarios, el día 12 de diciembre de 2012. Por si no fuese bastante, otros cinco ciudadanos azudenses han sido multados con 200 euros cada uno por volver a encerrarse en la sede del BBVA de Guadalajara para impedir el desahucio de María, de 74 años, que cometió el crimen de avalar a su hijo, el cual ya ha sido desahuciado también, el día 4 enero del presente. Probablemente, otras ochenta personas serán multadas por participar en los dos encierros en la sede del BBVA, a razón de 200 euros cada una, siendo vecinas de otros municipios de la provincia.

Esta remesa de multas se suma a otra de diez, anterior a noviembre de 2012, que ha recaído también sobre vecinos de nuestra ciudad: tres ciudadanos multados con 200 euros cada uno por participar en una bicipiquete el día de la huelga general del 29 de marzo de 2012, otro ciudadano multado con 302 euros por participar el 13 de julio en un acto de protesta pacífica en la vía pública, dos vecinos más multados con 500 euros por participar en la concentración en la Plaza de Neptuno el día 25 de septiembre y, finalmente, dos más a razón de 302 euros por participar en una charla sobre la auditoría de la deuda celebrada en nuestra localidad.

En menos de un año tenemos constancia de que veintidós ciudadanos azudenses han sido multados por participar en protestas pacíficas contra la injusticia, los recortes, los desahucios y demás atropellos perpetrados por un gobierno de mentirosos que hace tiempo rompió el pacto que lo ligaba al pueblo. Más de 6.000 euros en multas a gentes humildes por ejercer sus derechos constitucionales que son anteriores a este gobierno, que a su lado es una insignificancia. Nunca antes en la historia de la democracia había ocurrido algo así, porque nunca antes había gobernado un partido vendido a la dictadura de la troika y de Merkel, dispuesto a llevarnos al cadalso sin pestañear.

Rajoy y Cospedal ordenan la criminalización del conflicto que ellos mismos provocan, utilizando como ejecutores a los delegados y subdelegados del gobierno, que se reclutan entre los miembros del PP más fanatizados. En Castilla-La Mancha padecemos como delegado a un tal Jesús Labrador Encinas, secretario general del PP de Toledo, y en nuestra provincia a otro que no le va a la zaga, Juan Pablo Sánchez Sánchez-Seco, imputado por prevaricación, exalcalde y exsenador del PP y, ahora, secretario general del PP de Guadalajara. Desde que estos dos individuos ejercen se han disparado las sanciones contra los ciudadanos que no comulgan con el PP ni están dispuestos a tragarse el forraje argumental de la derecha.

Cuando en este país gobernaban otros, el PP montaba el cisco en manifestaciones diarias e insultaba gravísimamente al presidente de gobierno el día del desfile de las fuerzas armadas, sin que tal cosa acarrease ni multas ni sanciones a los provocadores y maleducados. En aquellos momentos a los señores del PP les parecían divertidos y justos el insulto, la calumnia y el desprecio. Ahora, cuando les toca a ellos aguantar una repulsa más que merecida, utilizan la fuerza del Estado para amedrentar y perseguir al disidente. En esto delatan el paño del que están confeccionados. Por eso nunca condenaron explícitamente la dictadura.

El PP emite una señal funesta hostigando al que reclama sus derechos perdidos. Con sus multas, estacazos y amenazas de antecedentes penales nos hace saber que desprecia los cauces democráticos de expresión de la protesta, empujando a las gentes a seguir otros caminos. Mientras tanto, su Bárcenas se pasea por los juzgados, con abrigo Chesterfield, que es el uniforme del hampa, riéndose de todos.

Definitivamente, el gobierno de Rajoy ya no es un gobierno legítimo porque no respeta el mandato más sagrado que fundamenta la existencia del gobierno: preservar la paz.