Se mantiene la represión del PP contra los vecinos de Azuqueca de Henares

El jueves 18 de abril, a las 19’00 horas, el 15M convocó un acto en la Plaza de la Constitución para denunciar la represión ejercida por el Gobierno del PP contra los que disienten en público sin pedir permiso a la autoridad gubernativa.

El motivo de la concentración es la llegada de una nueva remesa de multas (una decena) a otros tantos ciudadanos hartos de engaños, trapacerías y otros destrozos provocados por unas autoridades mentirosas y soberbias que se creen descendientes de Bernardo y Gofredo.

Esas diez multas se suman a las más de veinte que ya se han endosado a vecinos de nuestra ciudad que han cometido el enorme delito de hablar en la calle sobre política (cuando los congregados son más de veinte), encerrarse en una oficina bancaria (BBVA) para evitar el desahucio de una anciana de 74 años que, habiendo pagado su casa, cometió la osadía de avalar a su hijo que, por otra parte, ya había sido lanzado de la suya, etc…

Hay que combatir estos casos de delincuencia gravísima, porque va de suyo que uno comienza diciéndole a un banquero sinvergüenza y ladrón que sea compasivo con las viudas y acaba ingresando en una banda de mafiosos uzbekos. Mientras tanto la guardia civil se dedique a misiones tan peligrosas, quedan desatendidos el choriceo de altura, las listas de evasores fiscales, el cupo de psicópatas que anda suelto y los fanáticos que en nombre del sumo propio planean poner la siguiente bomba en una esquina cualquiera.

El PP sigue empeñado en criminalizar la protesta social con multas y otras medidas represoras. Para hacerlo utiliza a los delegados y subdelegados del gobierno, que suelen ser la cúspide del PP en Comunidades Autónomas y provincias. Estos cargos, que actúan como jefes de partido fieles a sus superiores de la calle Génova, controlan con mano de hierro a los concejales, diputados y demás electos del PP allí donde gobiernan, representantes que suelen estar calladitos y aguantar lo que les echen (a los demás) con tal de salir en próximas fotos, quinielas y repartos de garbanzos. A esta fórmula la llaman premiar por la obediencia, el silencio y la genuflexión, que es un buen método para seleccionar a los peores, cosa que está comprobada a lo largo de la historia con ejemplos que no vienen al caso.

Lo que esta maquinaria de poder perversa y vertical logra es que el concejal del PP hace carrera cuando defiende con fanatismo a sus superiores, aunque tal cosa signifique traicionar a sus vecinos, razón de la que procede su imagen poco simpática y menos comprometida con los intereses de los ciudadanos, incluidos sus votantes, que son los que mantienen el tinglado. Este artefacto da vueltas mientras el vecindario es paciente, porque agotada la paciencia el organigrama se cae, de una vez o a trozos, según sea de dónde sople el viento.

En Guadalajara sufrimos como subdelegado del gobierno al jefe provincial del PP, un señor llamado Sánchez Sánchez-Seco que, además, está imputado, como es de rigor en la marca España, joya y corona del mundo según se vea y precise de qué mundo hablamos. Se constata que en Guadalajara ya no se guardan ni las formas porque tener como imputado al subdelegado (además de un mal ripio) es para consignarlo en el libro de visitas. Si no se respetan las maneras, ni en lo elemental, es porque, a criterio del que manda, no hace falta, quizás porque tal se estima más alto, listo y guapo que el común, zurrapa social que ni entiende ni merece.

En el Pleno de marzo, la mayoría de los concejales denunciaron la represión ilegítima que el gobierno ejerce sobre el ciudadano que protesta, a raíz de una petición presentada por el movimiento 15M. Los concejales del PP tuvieron la oportunidad de alinearse con sus vecinos y no con sus jefes políticos en el Pleno de su ciudad, máximo órgano democrático municipal, defendiendo lo justo, pero en aquel momento supremo no les dio la realísima, hecho que será recordado y traerá consecuencias como todos los hechos acaecidos desde el origen de los tiempos.

Hay dos tergiversaciones previas que el PP mantiene para dar un barniz legal a la persecución del derecho de reunión que tanto le molesta y que es, no se olvide, un derecho constitucional: a) una concentración no autorizada no es ilegal sino no autorizada y b) el artículo 28.1 de la Ley Orgánica 1/92 de 21 de febrero no obliga sino que faculta a la autoridad a sancionar las convocatorias no autorizadas.

Lo que es ilegal es el ejercicio de la violencia, que se puede producir en concentraciones no autorizadas, autorizadas, en un campo de fútbol, en un concierto, en la intimidad del hogar, en la romería del rocío, en el consejo de ministros o en un plató de televisión.

Denuncia el 15M que hay ciudadanos multados que no han sido filiados por la Guardia Civil en los actos a los que se les atribuye falsamente un contenido ilegal, al igual que hay otros ciudadanos que han participado en ellos pero que por ser vecinos de otras localidades no reciben multas y, finalmente, hay casos en los que son multadas personas que no han participado en el acto en cuestión aunque sí en otros, de las cuales se guarda referencia pero no testimonio de participación en lo que se amonesta.

Pocas hipótesis hay para explicar tanto dislate: chapucería, listas previas o un combinado de ambas. El responsable que lo explique, que ya es hora, y que dimita después, porque la democracia es incompatible con estas prácticas.