Los sistemas electorales en España han de ser representativos. Así lo establece la Constitución.

Re-presentar significa hacer presente lo que no está, de modo que la re-presentación política es, como mínimo, la expresión formal de una realidad previa sobre la que se asienta lo institucional. Sin representación no hay democracia, ni obligaciones para un pueblo hacia quienes dicen gobernarlo.

Históricamente los liberales pidieron la representación política a cambio de pagar impuestos. Ahora, los que se llaman liberales, en prostitución de un término manoseado por la infamia neoliberal, obligan al pueblo a pagar impuestos a cambio de negarle la representación política. La involución es, por tanto, completa, lo que muestra la agonía de un sistema que defienden a muerte todas las cospedales de este país.

Cuando los sistemas electorales niegan el principio representativo la democracia muere. Si un parlamento no representa, no controla al ejecutivo y carece de capacidad legislativa no hay democracia, ni división de poderes, ni libertad efectiva para defender lo que es de uno y común.

Con la excusa del ahorro (la mentira que todo lo puede) Cospedal impone reducir el número de diputados autonómicos a una cifra ridícula pero manteniendo las actuales  circunscripciones. Quiere esto decir que la magnitud de los distritos electorales disminuye peligrosamente y el sistema electoral se hace casi mayoritario, es decir, no-proporcional. La conclusión es evidente: si con el anterior sistema había unos 50.000 ciudadanos que eran expulsados de la representación del parlamento autonómico, ahora el número se doblará o más, lo cual es inaceptable.

Si la cuestión es gastar menos, ¿por qué Cospedal no plantea la circunscripción única con menos diputados? o ¿cómo es posible que la misma persona sea partidaria de aumentar el número de diputados y, acto seguido, de recortarlo, si su intención no es otra que la austeridad? Sin duda, porque su objetivo no es ahorrar sino aferrarse al poder y asfixiar a quienes se oponen al bipartidismo, chiringuito del que vive y disfruta.

Cospedal no busca ahorrar, sino echar de la política institucional al adversario aprovechando una mayoría absoluta basada en la mentira. A esto se le llama violar las leyes de la democracia. Y quiere esto porque pretende perpetuarse en el poder aunque sus votos caigan drásticamente.

Cospedal quiere blindarse y, de paso, al bipartidismo, sin el cual es nadie, impidiendo que terceras y cuartas fuerzas políticas pujantes obtengan escaños en las cortes regionales. En los planes de Cospedal se trata de que el que gane las elecciones, aunque tenga muchos menos sufragios que la oposición, se lleve la mayoría absoluta de los escaños y gobierne sin votos bastantes contra el resto, que en eso consiste declarar la guerra política a la sociedad.

Sabemos ya que a Cospedal le importa un comino la democracia. Su partido lleva veinte años participando en toda clase de elecciones dopado con financiación ilegal, que es una sustancia muy eficaz para ganar lo que no se merece y que ha sido transformada convenientemente en campañas campanudas, pago en “b” a una cúpula trincona, fortunas personales en Suiza y otros paraísos fiscales y favores, presuntos, a los donantes secretos con cargo a los impuestos de los contribuyentes. Con estos antecedentes no esperábamos menos de Cospedal que hacer trampas con las cuentas (no sólo con la contabilidad de su partido) de los votos de los castellano-manchegos.

Nuestra región y nuestro país no necesitan ni cospedales ni recetas deplorables de manipulación electoral. Todo lo contrario: precisa un nuevo sistema que acabe con la enfermedad del bipartidismo y con la cuerda de trincones que lo defienden.

La representación que necesitamos como el comer exige fidelidad al cuerpo político del que depende y medios para que los representantes no traicionen el mandato de los electores, justo lo contrario de lo que nos administra Cospedal.

A estas alturas hay que exigir con la mayor convicción que dimita Cospedal y que se convoquen elecciones anticipadas que abran un proceso estatuyente en nuestra región que sustituya la farsa de la reforma del Estatuto impuesta por el PP. Nos jugamos la cara en ello.