La excusa de la crisis se viene utilizando para cambiar el orden constitucional de un modo ilegítimo y contrario a la ley. Ahora les toca a los consistorios sufrir el vaciamiento.
Por orden extranjera el gobierno del PP construye en nuestro país un nuevo sistema político al servicio del capitalismo salvaje, sin aprobación ciudadana y contra las leyes.
Todo empezó con la reforma constitucional del PSOE y del PP, la del artículo 135, realizada en secreto por los partidos tunantes, mutación contra la Constitución que introdujo el caballo de Troya en nuestro ordenamiento político-social y que ha sido el motor que ha movido todas las destrucciones y retrocesos siguientes.
A ello se unió la carta secreta de los presidentes del BCE, el entrante y el saliente, acta de rendición de la democracia en la que se decretaba, entre otras menudencias, la muerte de la autonomía municipal a cambio de la rebaja de la prima de riesgo.
Ambos elementos, el veneno del artículo 135 y la carta secreta del BCE, son la raíz de la contrarreforma de la administración local aprobada por el Consejo de Ministros en vísperas de agosto, momento muy oportuno para que un desmantelamiento de esta magnitud pase desapercibido.
La lectura del proyecto de ley despeja cualquier duda, incluso a los creyentes, al proponer el desguace del sistema municipal en vigor y transformar al municipio en una entidad vigilada, tutelada y sin atributos.
Según Sáenz de Santamaría y Montoro, protagonistas de la adulteración municipal, los ayuntamientos son los culpables de la crisis (a pesar de que su contribución al déficit es la menor de todas las administraciones públicas), las diputaciones (que no son elegidas por los ciudadanos) son un ejemplo de impecable gestión (las trapacerías de Orense, Castellón, Alicante y Valencia, covachuelas del poder más rancio, núcleos del caciquismo que ya denunciara sin éxito Joaquín Costa, son insignificancias), las políticas municipales de intervención social (a favor de la educación, los servicios sociales, la cultura, la igualdad, el fomento del empleo, etc…) resultan un despilfarro y las privatizaciones son una panacea.
Resumamos el punto de vista del gobierno sobre su ideal de administración local. Tres ideas bastan. Para empezar, menos democracia. Después, más capitalismo. Y, finalmente, una administración ínfima y vertical al servicio de las ideas primera y segunda.
Este es el nervio del proyecto de ley sobre el cambio de la administración local, nuevo golpe de Estado sordo contra una Constitución que ya no resiste un asedio tan contumaz.
Aquí asoma otra vez el programa de gobierno que nos impone la mayoría absoluta de Rajoy, edificada sobre la mentira más grande jamás contada en una campaña electoral, programa dictado por el gobierno de la UE que controla la derecha neoliberal europea y que sólo persigue un propósito: crear una Europa al servicio de Alemania, de sus bancos, de sus aseguradoras y de sus planes de pensiones.
En esta idea no caben la democracia para los no alemanes, ni tampoco sus derechos y necesidades. ¿Para qué, entonces, los pueblos miserables del sur de Europa precisan ayuntamientos libres que rindan cuentas ante los ciudadanos, elecciones municipales y partidos políticos? Mejor aplicarles un programa neocolonial.
La crisis la provocaron unos bancos sin control y los especuladores inmobiliarios a los que dieron crédito a espuertas, pero la pagan los trabajadores y los servicios públicos, con reducción brutal de salarios, un paro intolerable, pérdida de derechos, desigualdad desconocida, pobreza, miseria y recortes que son una provocación.
El gobierno de Rajoy amenaza el porvenir de los ayuntamientos, de los servicios públicos que sostienen y del personal que los hace posibles, siendo muy cierto que con frecuencia los municipios han asumido competencias impropias porque las administraciones competentes (Diputaciones y Comunidades) dejaron de prestarlas o lo hicieron sólo a medias incumpliendo la ley y sus obligaciones. Pero eso no importa.
Además, los ayuntamientos han sufrido históricamente un déficit de financiación que ha dificultado sus equilibrios, lo cual no es culpa de ellos sino de un sistema defectuoso y cicatero mantenido para mayor gloria de las autonomías y del gobierno central.
Si hay un consistorio incompetente es el Madrid de Gallardón y de Botella, que acumula un cuarto de la deuda de todos los municipios españoles. De modo que si el gobierno de Rajoy quisiera castigar el despilfarro municipal no habría recompensado a Gallardón con un Ministerio ni a Botella con la alcaldía de la capital por vía de herencia. Por eso, su argumento a favor de una reforma de lo local basada en el ahorro es un escarnio.
Por si no fuese bastante, el partido de Rajoy, del cual es, además, presidente, tiene una cúpula corrupta según su extesorero, acumulando condenados, imputados y llamados a declarar en número desconocido, ante lo cual Rajoy calla, esquiva o miente, según le dé, porque a él también le asfixia su corrupción. Oír hablar a Rajoy de limpieza y de buena gestión municipal demuestra que no queda vergüenza en el mundo.
Para hacer tragar el arsénico de la reforma el gobierno le pone un excipiente, que es la limitación del número de cargos municipales y de sus salarios, siendo el caso que muchos ayuntamientos ya los cumplen y los que no, en su inmensa mayoría, son del PP. En cambio, de las diputaciones el gobierno no habla, será porque allí no sobra nadie sino que falta personal.
Lo que necesita nuestro país son ayuntamientos fuertes y controlados por los ciudadanos y no delegaciones mortecinas de los Ministerios del Interior, Hacienda o Administraciones Públicas, sin medios ni competencias, en los que amarilleen alcaldes y concejales sin más competencia que presidir procesiones y corridas, como en los tiempos del caudillo.
Nunca gustó la democracia local a las dictaduras. Tampoco a la actual.
Concluyamos: una de las primeras tareas de un nuevo gobierno con el que alboree nuestro país será la derogación completa y absoluta de esta contrarreforma de la administración local.