Comenzó el pleno aprobándose por unanimidad el segundo plan municipal de prevención de drogodependencias.

Nace este documento muy mermado en aspiraciones puesto que la administración financiadora competente, el gobierno de Cospedal, recorta a la mitad su aportación anterior, que pasa de 30.000 a 15.000 euros. A esta partida tan raquítica se une un piquillo de 6.000 euros de la Federación Española de Municipios y Provincias y lo que disponga el Ayuntamiento, que no será gran cosa puesto que no es administración competente en la materia. Como las desgracias no caen solas, al quebranto presupuestario provocado por Cospedal se une la imposición, también del PP, de retirarle a los ayuntamientos de manera inminente la autorización para actuar en esta materia y en otras parecidas, con el argumento de que las autonomías y las diputaciones se bastan y sobran para hacerlo, lo cual es falso a la vista de los hechos.

Está escrito en el cielo que el gobierno regional y las diputaciones no asumirán como merecen las competencias que arrebaten a los ayuntamientos. La mal llamada reforma local perpetrada por el PP es el penúltimo hachazo a los servicios públicos municipales y la catapulta para privatizar los que puedan mercantilizarse, exigencias ambas del Banco Central Europeo expresadas en una carta secreta hace más de dos años.

Es escandaloso que el plan municipal contra las drogas nazca sin medios suficientes y que a Cospedal, obligada a dotarlo, no le importe, constatación de que el plan es para el gobierno de la región un trámite, un papelito, un fingimiento, como tantas otras cosas de la mayor importancia.

Votado lo anterior, correspondía discutir las tasas y los impuestos para el ejercicio 2014. La propuesta del gobierno era la siguiente: subir el IPC a los vados y puestos de feria, elevar un 35% la tasa del agua, aunque repercutiendo más la subida entre los mayores consumidores y, finalmente, congelar el resto de tasas e impuestos excepto los precios públicos, asunto que el gobierno decidirá a puerta cerrada al haberlo sacado ilegítimamente de las competencias del pleno.

Por cierto, Bellido se queja amargamente del desapoderamiento de los municipios perpetrado por Rajoy mientras que él desapodera al pleno municipal quitándole competencias que éste ha ejercido dignamente desde el inicio de la democracia.

Las actualizaciones del IPC fueron aprobadas por unanimidad. En la congelación del resto de tasa e impuestos, IU votó a favor, al igual que el proponente, el PSOE, mientras que el PP, inexplicablemente, se abstuvo. Y en lo concerniente a la subida de un 35% de media de la tasa del agua, el PSOE votó a favor, mientras que IU y el PP votaron en contra aunque por razones opuestas, lo cual merece una explicación.

La factura del agua sube un 35% porque así lo decide quien la suministra, la Mancomunidad de Aguas del Sorbe que preside Jaime Carnicero, concejal del PP de Guadalajara, el cual dirige la institución arropado por una comodísima mayoría absoluta de concejales de su partido. Aduce Carnicero que esta subida es necesaria para asegurar los suministros de agua presentes y futuros de los municipios mancomunados, pero sin aportar ningún dato racional que avale su afirmación excepto unas conjeturas de consumo hipotético que nadie se cree y que requieren unas inversiones multimillonarias (legalmente irregulares, además) en tuberías que pagará el ciudadano, bien en el recibo del agua o bien de manera indirecta a través del presupuesto municipal. En consecuencia, debido al abuso del PP, desde el mes de agosto la Mancomunidad le cobra el agua a nuestro municipio un 35% más cara, lo cual ha supuesto hasta ahora un pago adicional para nuestras arcas públicas de unos 60.000 euros.

La decisión del gobierno de Bellido consiste en repercutir a los recibos la subida impuesta por el PP de Carnicero, a partir del 1 de enero, en cinco tramos, con el objeto de cargarla especialmente sobre los que más consumen, lo cual no significa que quien consuma menos no sufrague el disparate, aunque lo hará en menor medida.

IU votó en contra de esta subida y de la repercusión directa sobre los vecinos, sea en cinco tramos o en diecisiete, porque nos parece indecente que el PP, que es el partido de los recortes a los ciudadanos, se ponga ahora el presupuesto de la Mancomunidad por montera y embarque a los azudenses en una obra faraónica que no se necesita, obligándoles a pagar más por el agua que beben, mientras que ese mismo partido le niega a Azuqueca el centro de salud, le recorta el Centro de Especialidades y le quita hasta los gastos del mantenimiento de la autovía Madrid-Barcelona a su paso por su término municipal.

Desde que Carnicero es presidente, las aguas de la Mancomunidad, envidia del país por su pureza y bajo precio, bajan turbias, por sus imposiciones y desvaríos. A esto conducen las mayorías absolutas del PP.

Se equivoca Bellido cuando busca amortiguar el golpe que nos da Carnicero, porque de lo que se trata es de evitarlo. Menos acatamientos a los abusos de las mayorías absolutas y más ir a los tribunales a impugnar decisiones tras las que asoma la prevaricación presunta del que emprende una obra innecesaria valorada en más de 60 millones de euros.

El colmo del disparate lo protagonizaron los concejales del PP, que votaron en contra de la subida a la vez que elogiaban al culpable de dictarla, su camarada Carnicero, demostrando una vez más que el PP es un partido al que no le importan los ciudadanos sino los intereses de sus jefes.

Tras la discusión sobre las tasas e impuestos, correspondía discutir tres mociones, dos presentadas por el PSOE y una por IU. Las del grupo socialista, que denunciaban los presupuestos de 2014 y los recortes de las pensiones, recibieron el voto favorable de IU y el voto en contra del PP, por lo que fueron aprobadas.

No tuvo la misma suerte la moción presentada por IU, en la que se denunciaban las imposiciones de la troika (FMI, Banco Central Europeo y Comisión Europea) sobre la democracia española y se pedía la reprobación moral y la dimisión de los representantes españoles en el BCE y la Comisión Europea, Luis María Linde y Joaquín Almunia Amann, designados por el PP y por el PSOE respectivamente.

El PP votó en contra de la moción de IU, anteponiendo otra vez sus intereses a los de los ciudadanos, al igual que el PSOE, que afirmó que votaría a favor de la moción si se suprimía la petición de dimisión de Almunia, que es, no se olvide, camarada de partido del señor Bellido, vicepresidente de la comisión y comisario europeo. La actitud cínica de los concejales populares y socialistas enojó al portavoz de IU, Alvarado, que manifestó su disgusto porque una moción justa iba a ser derrotada por los votos del bipartito PSOE-PP.

Gracias a los concejales del PP y del PSOE, los señores Linde y Almunia no recibirán en sus despachos la reprobación moral del pueblo de Azuqueca de Henares así como la petición de que dimitan.

Hechos como los descritos nos llevan a concluir que los plenos municipales son parte de la farsa en que se ha convertido la política institucional en este país.

No es la institución, en este caso el pleno, la causa de este retroceso sino quienes la copan convirtiéndola en un decorado que tapa y ahoga el pulso político auténtico, la intrapolítica que discurre por las venas de la sociedad.

Es una evidencia que al bipartito no le importa lo que se diga en los plenos porque todo lo que se sale del discurso oficial, del consenso entre populares y socialdemócratas, rebota en los oídos de sus concejales.

La crisis y la doctrina neoliberal han abierto una divergencia profunda entre la sociedad y las instituciones, entre el pueblo y el gobierno, separación que no deja de aumentar y que evidencia que la política oficial va camino de ser un armazón, un alma muerta al servicio del privilegio de un puñadito, un obstáculo en vez de una herramienta para el cambio de provecho. Asoman aquí el peligro y la esperanza a la vez. El peligro porque la política le tiene horror al vacío y donde se ahueca un poder se introduce otro, bueno, malo o peor, que nada está regalado de antemano; y la esperanza porque los grandes cambios nacen de las grandes crisis, que son fermento de lo nuevo.

Retumba hoy aquel artículo de 1918 firmado por Ortega y Gasset, titulado La expulsión de las derechas, escrito en un momento de transformación histórica, en el que el filósofo reclamaba lo siguiente: “No se trata de hacer pasar el Gobierno de las manos de unos individuos a otros. Se trata de sustituir radicalmente el eje histórico de la existencia nacional, de entregar España a otras clases y maneras de hombres”

Está visto que el tiempo pasa pero los demonios sobreviven.