Rayet gestiona la piscina municipal cubierta. También las clases colectivas en el polideportivo Ciudad de Azuqueca. Además, la piscina de verano. Y, ahora, acaba de ganar la adjudicación de la depuradora.
Por ahora, cuatro actividades para Rayet, la última muy novedosa y sorprendente. Añádase a lo dicho las que pueda conseguir en el futuro tenga o no Rayet experiencia en el sector, que para salvar el desconocimiento y la falta de pericia se inventaron las UTES, que son como la navaja suiza del gran empresariado en apuros.
Rayet viene del ladrillo. Como otras empresas que vivieron y alimentaron la burbuja inmobiliaria, se resguarda de la crisis bajo los contratos con las administraciones, para hacer lo que se tercie, que si nos descuidamos los constructores e inmobiliarios nos van a organizar hasta la fiesta de las espiga.
Rayet tiene en nuestro municipio un historial laboral alarmante y alguna gravedad pendiente en los juzgados de lo social que se sentenciará en breve. Además, incursionó en los medios de comunicación con Nueva Alcarria, Global Henares y Global Castilla-La Mancha, medios que la gente lee con total inocencia creyendo que son lo contrario de lo que tapan: altavoces de un sector del ladrillo.
Tras ganar los concursos correspondientes, Rayet presta en nuestra ciudad estos servicios tan variopintos, tanto los deportivos como los depurativos.
La ley no pone límite sobre el número de contratos que una misma empresa puede firmar con una administración, con lo que podría suceder que una empresa, concurso a concurso, acabara gestionando gran parte de los servicios privatizados de un municipio, quedando en ese caso el ayuntamiento en una posición muy débil, precaria, subordinada.
Para evitar el dominio de una empresa sobre una administración, IU de Guadalajara denunció el macrocontrato del alcalde del PP sobre once servicios municipales, a 17 años y por 270 millones de euros, oferta que ganaría el mejor postor. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales resolvió anular el proceso por falta de complementariedad de los servicios ofertados por el Ayuntamiento y porque el contrato iba contra de la libre concurrencia.
Véase bien la contradicción: el tribunal anula el megacontrato aunque no para impedir la posición dominante de una empresa con respecto a la administración, lo cual se supone que ocurriría si no hay concurrencia previa. Pero pudiera ser que la concurrencia, si es entre gigantes y enanos, desemboque en abuso de poder y, de ahí, en monopolio, sombra acechante cuando quienes pelean por los servicios públicos privatizados son las grandes empresas del ladrillo.
Varios asuntos se mezclan aquí, a saber: el límite a las privatizaciones en la gestión de los servicios públicos, el límite a la posición dominante de una empresa con respecto a una administración, la capacidad que tienen las grandes empresas del ladrillo para gestionar servicios de naturaleza ajena a su actividad y las condiciones que han de darse para que haya concurrencia en un concurso público.
Para responder a estas cuestiones de un modo favorable al interés general es preciso un cambio de mentalidad, después de gobierno y, por último, de las leyes, porque con las vigentes tenemos la colusión de intereses entre políticos que desprecian lo público y empresarios que buscan convertir lo público en su negocio.
A la oleada de privatizaciones masivas que degradan los servicios públicos y provocan desigualdad, se une la tendencia a que los servicios privatizados queden en muy pocas manos, lo cual conducen a la privatización de un Estado que queda inerme ante el poder de las grandes empresas.