Dos plenos muy importantes y otra privatización encubierta

La crónica del Pleno que acostumbramos a realizar es exhaustiva. Quiere esto decir que aspira a contar con claridad cada uno de los puntos del orden del día, en atención a los vecinos que se interesan por los temas municipales y que no tienen la oportunidad de seguirlos en persona. Pero hay otra razón para esmerarnos en esclarecer lo que se decide en ellos: la manipulación grosera que la revista Azucahica hace de los acuerdos del Pleno y del resto de las cuestiones municipales.

Esta crónica no será tan completa como las anteriores porque los apremios actuales nos han comido los días. En esta hora trascendental de la política, coyuntura que es frontera entre lo que muere y lo que está por nacer, la realidad se densifica, un minuto vale por mil y las nuevas tareas nos reclaman restándoles tiempo a las habituales. Forzados por la situación, nos limitaremos a componer un resumen de los Plenos de octubre y de noviembre en el que sólo se detallará lo controvertido y el resto, lo acordado sin mayor problema, se mencionará sin más.

Los Plenos de octubre y de noviembre trataron cuatro asuntos muy delicados según nuestro parecer: la propuesta del gobierno sobre tasas e impuestos para el año 2015, la adjudicación definitiva del contrato del tanatorio-crematorio municipal, la aprobación de las alegaciones a la tercera conducción de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe y la modificación número siete del Plan de Ordenación Municipal.

En cuanto a los impuestos y tasas, el gobierno proponía su actualización, que no bajada, ajustándolos al IPC interanual del pasado mes de septiembre. El portavoz de IU, Alvarado, sostuvo que esta medida suponía la consolidación para el próximo año de la enorme subida de impuestos, tasas y precios públicos (entre el 25% y el 900%) aprobada en el 2012 por el gobierno de Bellido. Alvarado señaló que este incremento tan alto de la fiscalidad había dañado a las familias más humildes y que no había una conexión de causa y efecto entre el gasto social municipal y la subida de impuestos, puesto que el gobierno había incurrido en gastos totalmente prescindibles, algunos puro despilfarro, que se sostuvieron en la subida y sólo en ella, como el mantenimiento de la edición en papel de la hoja propagandística Azucahica, con un desembolso anual de 25.000 euros, los 255.000 euros dedicados a la compra de terrenos con el fin de ceder una parcela durante medio siglo a la empresa encargada de construir el tanatorio-crematorio, el casi millón de euros pedido a crédito para el intercambiador de transportes-EQ+i o Equipamiento Integrado-Centro Joven, los 164.000 euros gastados en reponer juegos infantiles deteriorados por la incuria del gobierno municipal o los 40.000 euros de gasto para cubrir con hormigón proyectado el talud de la parte baja del  Parque del Lavadero, que de pantalla verde acabó convertido, de nuevo por el abandono del gobierno, en un secarral y en un foco de suciedad.

Votamos en contra de la actualización impositiva para el próximo año en concordancia con el “no” que emitimos en el ejercicio del 2012. Además, propusimos que se modificara la Ordenanza General Fiscal con el fin de permitir el pago aplazado o el fraccionamiento de la deuda de los talleres y escuelas municipales, así como la eliminación del pago de 33 euros a particulares por emisión de informe policial. Estas sugerencias, que no suponían un quebranto para las cuentas municipales, no fueron aceptadas por el gobierno socialista, aun cuando suponían un alivio para las familias más necesitadas.

Resulta incomprensible la negativa del gobierno socialista a aceptar estas dos últimas propuestas porque no hay razón para oponerse a lo que beneficia a los más humildes si, además, tal decisión es prácticamente irrelevante para las arcas municipales.

Señalamos, para que no se olvide, que el PSOE, el PP y los concejales no adscritos aprobaron la consolidación para el año 2015 de la brutal subida del 2012, siendo IU la única fuerza política que votó en contra.

El segundo tema de importancia fue la adjudicación a la empresa Mémora del contrato de gestión del servicio público, mediante concesión y obras, del tanatorio-crematorio municipal. Aquí volvimos a quedarnos solos, puesto que nos abstuvimos frente a un nuevo sí unánime del PSOE, el PP y los concejales no adscritos.

No vamos a explicar otra vez las razones por las que el proyecto del tanatorio-crematorio nos parece pésimamente planteado, aunque haya que recordarlas: una concesión a 50 años, una regulación insuficiente de precios, un gasto inoportuno de 255.000 euros por parte del ayuntamiento para comprar los terrenos en los que se levantará la edificación, un pago al municipio por parte de la concesionaria completamente ridículo, bajo la forma de canon anual, de 472 euros, un estudio de ingresos incompleto que no refleja los beneficios posibles de la empresa concesionaria, las prisas para acabar las obras justo antes de las elecciones municipales, etc…

Nuestras dudas no hicieron mella en el resto de los grupos porque a la hora de votar actuaron al unísono como los coros monofónicos, cantando una canción muy vista y desafinada: el sí a una concesión abusiva a favor de una empresa privada.

El tercer asunto consistía en decidir si presentar o no alegaciones al proyecto de construcción de los tramos uno y dos de la tercera conducción de aguas del Sorbe.

Ya hemos explicado en otras ocasiones los motivos por los que rechazamos que se construyan ahora 44’4 kilómetros de tuberías para transportar agua potable desde la depuradora de Mohernando hasta los depósitos de Alcalá de Henares, destacando uno entre los demás: no existe necesidad ni demanda que justifique la obra, costando además la nueva conducción 59’2 millones de euros que se cargarán sobre las costillas de los vecinos de la mancomunidad a través de las subidas en los recibos del agua.

Desde el principio hemos creído que la tercera conducción es una obra innecesaria, un disparate, puro despilfarro y, además, sospechosa, porque su promotor, el rodillo absoluto del PP en la MAS, nunca se molestó en explicarla, actuando con completa turbiedad. Ni un solo dato creíble de carácter demográfico, económico, urbanístico o industrial sostiene que haya que acometer esta obra en un momento tan delicado. Además, los casi 60 millones de euros de gasto que acarrea son una afrenta para los millones de ciudadanos empobrecidos por los recortes del PP, a los que se les repite que no hay dinero para atenderlos.

Contiene el proyecto de la nueva tubería otra cuestión escandalosa, por si no fuese bastante con lo ya mencionado: se presupuesta el material más caro de los posibles, la fundición dúctil, cuando a partir de un metro de diámetro el precio de las tuberías fabricadas con este compuesto se dispara, siendo desaconsejable su elección (según los protocolos del Canal de Isabel II, corroborados por nuestro ingeniero municipal) por existir opciones técnicas tan fiables y más baratas como, por ejemplo, el acero helicosoldado o el hormigón armado forrado con chapa.

Dicho en pocas palabras, en estos años de recortes brutales, el PP que gobierna la MAS a su antojo, pretende gastarse 60 millones de euros en 44 kilómetros de tubería innecesaria y construirla con el material más caro, sin justificar la oportunidad del gasto ni las necesidades que atendería, intenciones de las que emana un olor pútrido que tumba.

IU votó a favor de las alegaciones, al igual que el PSOE y los no adscritos. El PP se abstuvo, por orden de Román y Carnicero, por más que la abstención resultara lesiva para los ciudadanos de Azuqueca de Henares, pero tal cosa no importó a los señores populares, como tantas otras, lo cual es marca de la casa, sin duda.

El cuarto asunto polémico consistía en la modificación del plan de ordenación urbana para permitir que en parcelas de uso dotacional con edificaciones socioculturales y de movilidad, se autoricen usos compatibles privados en edificio exclusivo como negocios de naturaleza hotelera, comercial, recreativa y hostelera. Significa esto algo muy grave y nunca visto en nuestra ciudad: permitir que en una parcela dotacional, que ha de dedicarse a equipamientos públicos como colegios, instalaciones deportivas municipales, guarderías, residencias de ancianos, hospitales, centros de salud, parques de bomberos, zonas verdes, etc., se permita la cesión a título lucrativo a un privado por una serie de años para que instale, por ejemplo, un bar de copas, o a una multinacional de la comida basura una hamburguesería, sin que tales empresas tengan que comprar el suelo sobre el que se instalan (para eso es dotacional, esto es, patrimonio público) pagando como contrapartida un canon al Ayuntamiento que podría ser ridículo, como el recientemente estipulado para Mémora, de 472 euros anuales, con tal de que el promotor comercial que desarrolle el proyecto corra con los gastos de construir el edificio o galería que albergue estos negocios.

Privatización del patrimonio público se le llama a esta medida del gobierno de Bellido, esta vez a costa del suelo dotacional que si existe es para otros fines y no para el lucro privado.

¿Y por qué cambiar ahora los usos en algunas parcelas dotacionales? En la explicación aparece de nuevo el intercambiador de transportes-EQ+i o Equipamiento Integrado-Centro Joven. Como ya apuntamos, este edificio no tiene un plan de explotación y por sí solo no se sostiene. Por eso hay que colocarle al lado una especie de centro comercial al que atraer la clientela joven que se supone dará vida a ambos. En otros términos, el gobierno municipal, durante los peores años de la crisis, se gasta tres millones de euros en un edificio público sin saber para qué y si lo puede sostener. Como el gobierno duda de la viabilidad del proyecto cambia el plan de ordenación urbana para privatizar los suelos dotacionales contiguos y ponerlos a disposición de la iniciativa privada, todo con el fin de atraer el interés de promotores comerciales privados que, se supone, redondearán la idea sumando sinergias a su interés, que no es otro que el del negocio por el negocio.

Nos va a salir por un ojo de la cara el edificio de la carretera de Villanueva. Primero, en dinero, después en pérdida de suelo dotacional y, por último, como precedente pésimo para futuras privatizaciones de lo poco que queda de patrimonio e iniciativa pública.

En la votación, IU se quedó sola al negarse a aceptar esta nueva privatización, la tercera del gobierno de Bellido en esta legislatura, esta vez a costa de los suelos públicos. El resto de los grupos y concejales votaron a favor, expresando una sintonía que los ciudadanos deben conocer.

Votadas estas cuatro cuestiones, tres de las cuales se resolvieron en contra de los intereses de los ciudadanos a pesar de la oposición en solitario de IU (tanatorio-crematorio, usos privados en parcelas públicas y consolidación para el año 2015 de la enorme subida fiscal del 2012)  se aprobaron una serie de acuerdos, a saber:

Sobre pobreza energética, que se convirtió en declaración institucional, también sobre el reforzamiento de la financiación pública para ayuda alimentaria a las personas más necesitadas, al igual que el cambio del nombre del Día de la Bicicleta, tanto el de mayo como el de septiembre, en memoria de sendos ciclistas locales, José Antonio Espinosa (fallecido en 1996) y José Luis Viejo (fallecido el pasado mes de noviembre).

También se aprobó la moción a favor de incluir a Guadalajara en las medidas contra la despoblación y la propuesta de alcaldía sobre la situación dramática de las trabajadoras de Sergesa, esta última con polémica debido que al señor alcalde no le gustó que el concejal de IU le recordara que los problemas de esta empresa con sus trabajadores vienen de antiguo y que cuando se producían bajo los gobiernos socialistas en la región, el PSOE se callaba y los tapaba.

En cuanto a la moción contra la violencia de género emanada del Consejo de Igualdad, obtuvo el sí de IU, del PSOE y de los concejales no adscritos, por la abstención del PP. La ruptura de la unidad por parte de los concejales populares en este asunto, cuando llevamos 48 mujeres asesinadas por violencia machista en lo que va de año, resulta especialmente grave y merece reseñarse también para conocimiento de la ciudadanía.

Presentó el PP una moción para crear una comisión de vigilancia de las contrataciones municipales (para las inversiones que no llegan a las mesas de contratación y que superan un mínimo de presupuesto) que dio lugar a un mecanismo de seguimiento, y otra sobre reductores de velocidad que retiró por inconsistente.

Los concejales no adscritos presentaron una moción sobre el núcleo zoológico en la que pedían que su gestión pasara a manos de una entidad protectora, cuestión que no resultó aprobada y que suscitó el rechazo de IU.

Finalmente, se aprobó por unanimidad una ampliación de crédito consistente en refundir la deuda a un tipo de interés menor, con el consiguiente ahorro para los vecinos.