Esta semana el gobierno del señor Blanco nos sorprendía con la noticia de la futura construcción y explotación de un edificio que va a albergar un restaurante de comida rápida en una parcela municipal de 1.700 metros cuadrados, ubicada en la avenida Siglo XXI, junto al Espacio Joven Europeo.
“Se trata de una gran oportunidad para Azuqueca ya que con esta iniciativa se persigue el fomento de la actividad económica, así como la ampliación de la oferta de ocio y el impulso al empleo juvenil con la creación de 20 puestos de trabajo”, decía Blanco en los medios de comunicación, vanagloriándose de su buen hacer.
El concejal de Industria, el señor Román, afirmaba por su parte que la construcción de este edificio en el que se va a ofrecer comida basura (restaurante es como lo denomina piadosamente este gobierno) “no va a suponer cargo alguno al presupuesto municipal”. ¡Sólo faltaba, señor concejal, que le construyéramos el local a los del friterío con cargo a los impuestos de los azudenses!. Además, oculta Román que a los adjudicatarios se les alquilará una parcela municipal a cincuenta años a precio de cuñado, lo cual es poner patrimonio público al servicio del lucro privado, en este caso de una multinacional, lo cual es, además, un agravio para el comercio local.
En el Pleno de noviembre de 2014, el equipo de gobierno de Bellido modificó, con el único voto en contra de IU, al plan de ordenación municipal, concretamente la ordenanza ZU-D, para permitir este abuso. El asunto era escandaloso porque de lo que se trataba era de cambiar las normas urbanísticas para permitir que en parcelas públicas de uso rotacional con edificaciones socioculturales y de movilidad hubiese la posibilidad de usos privados y lucrativos. Significa esto algo muy grave como es permitir que una parcela de uso público (que ha de dedicarse a equipamientos públicos como colegios, instalaciones deportivas municipales, guarderías, residencias de ancianos, centros de salud, hospitales, zonas verdes, parques de bomberos, etc) se permita la cesión a título lucrativo a un privado por una serie de años para que instale, por ejemplo, un bar de copas o un fase food cualquiera, como parece ser el caso, sin que tales empresas tengan que comprar el suelo sobre el que se instalan, pagando como contrapartida un canon ridículo de 29.134,64 euros al año o 1,4 euros por metro cuadrado al mes por el alquiler del suelo municipal.
Privatización del patrimonio público se le llama a la medida que adoptó el gobierno del señor Bellido y del que el nuevo Alcalde, Blanco, era concejal de Hacienda, esta vez a costa del suelo rotacional que, desde luego, no tiene entre sus fines satisfacer el lucro de un particular.
Izquierda Unida ya lo advirtió en su momento y se quedó sola en la denuncia. El intercambiador de transportes EQ+I ahora conocido como Centro Joven Europeo (EJE) carecía de un plan de explotación y había que colocarle al lado un establecimiento de comida rápida, donde el alto grado de ingeniería del alimento, el uso de añadidos y las técnicas de proceso alteran sustancialmente el producto y reducen su valor alimenticio.
Ahora ya no queda claro si el gobierno del PSOE se gastó tres millones de euros de dinero público para el EQ+I con el fin de realzar el negocio posterior de una multinacional de comida rápida, porque todo sugiere que así es.
Además, qué pronto ha olvidado este gobierno el objetivo de promocionar hábitos alimenticios saludables entre los más pequeños y jóvenes.
¿Qué se hizo de los desayunos saludables, la promoción de la dieta mediterránea y las diatribas contra los pollos hormonados? Agua de borrajas.
Por mucho que el gobierno de Bellido intentara engañar a la ciudadanía afirmando que modificaba la ordenanza urbanística para hacernos más modernos, de lo que se trataba era de privatizar el suelo público para que su sucesor, el señor Blanco, ya alcalde, casi regale hoy a una multinacional de la fritanga y la grasa el uso de una parcela por un período de 50 años, atando de pies y manos a todos los gobiernos que vengan después.
Esta decisión no sólo va en contra del patrimonio municipal. Abre un precedente muy peligroso, promociona la precariedad laboral en el municipio, perjudica la salud y daña a la hostelería local.