La justicia acaba de sentenciar que ni el gobierno municipal ni los funcionarios del Ayuntamiento estafaron casi medio millón de euros en la construcción del edificio llamado EJE, como acusaba sin fundamento y malicia el PP.
Si antes de denunciar un delito de tal gravedad el PP se hubiera tomado la molestia de preguntar, al menos, a los profesionales del Ayuntamiento para confirmar o no sus sospechas, habría comprobado que su gravísima imputación era una vileza. Pero el PP se negó a hacerlo porque no le interesaba la verdad sino empozoñar la política y provocar daños personales irreparables en sus adversarios sobre la base de la mentira y de la difamación. Por eso, el PP encargó informes trucados a peritos a sueldo del partido que deberían ser expulsados de la profesión por fabricar falsedades y destruir la dignidad de su oficio.
Archivada la causa, exigimos a los concejales del PP que sostuvieron esta falsa denuncia que dimitan inmediatamente de sus cargos y que, junto a los que ya no lo son, pidan disculpas públicas por arrastrar el honor de unos inocentes al barro.
IU afirmó desde el primer momento (febrero del año 2015) que no había caso, que los acusados eran honrados y que sentía asco por este proceder del PP que, por cierto, pasará a la historia por ser el primer partido político de nuestra democracia que ha sido imputado por una juez.
No nos dolieron prendas entonces para reivindicar la verdad y la justicia, por muchas discrepancias políticas que nos separen del grupo municipal del PSOE y de sus dos últimos gobiernos.
Contrasta nuestra actitud (y a mucha honra) con la demostrada por el PSOE ante dos casos de similar gravedad.
Vayamos al primero. En la legislatura pasada la concesionaria de la pisicina municipal cubierta (que arrastraba un historial lamentable contra sus trabajadores) despidió maliciosamente a una empleada sobre la base de un compendio de mentiras y calumnias. Hicimos saber al gobierno de Bellido la gravedad del asunto. El Alcalde y el concejal de deportes (hoy parlamentario regional) lejos de defender la justicia y la verdad se lavaron las manos como Pilatos aduciendo que había que esperar a que un juez sentenciara definitivamente para pronunciarse sobre el asunto, deslizando la maldad a través de personas interpuestas en el Consejo de Igualdad que dicha trabajadora no era trigo limpio y que, de alguna manera, merecía el despido. Finalmente, un juez sentenció que el despido sufrido por la trabajadora era nulo de pleno derecho y que la empresa había mentido bellacamente para montarlo. ¿Se disculparon Bellido y Escudero por su equidistancia culposa? Por supuesto que no. ¿Hicieron algo contra la concesionaria del servicio público? Tampoco.
El segundo caso al que nos referíamos acaba de destaparse. El actual Alcalde, José Luis Blanco, decidió incluir en su gobierno, con el fin de anular el control de la oposición, a un concejal indigno que accedió a tal condición engañando a los vecinos y que, al haber sido expulsado de su formación, no puede legalmente formar parte de ningún gobierno y, menos aún, tener dedicación exclusiva y cobrar un salario del presupuesto municipal.
Blanco sabe que su acción incurre en una ilegalidad además de una inmoralidad, pero le importa un comino. Cuando fue imputado injustamente, el señor Blanco se puso hecho una furia y clamaba por su honradez. Ahora que es él quien comete el desafuero se esconde y no da la cara, aunque en vano porque todo este asunto se va a aclarar le guste o no.
Ni siquiera en un día feliz en el que resplandece la justicia la inmoralidad rampante nos permite disfrutarlo plenamente.