«La transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política. Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones, podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos».
La Ley 9/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno pretende: incrementar y reforzar la transparencia en la actividad pública, articulada a través de obligaciones de publicidad activa para todas las Administraciones y entidades públicas, reconocer y garantizar el acceso a la información, regulado como un derecho de amplio ámbito subjetivo y objetivo, y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias jurídicas derivadas de su incumplimiento, lo que se convierte en una exigencia de responsabilidad para todos los que desarrollan actividades de relevancia pública.
No debemos olvidar que para participar eficazmente en los asuntos públicos hay que saber y para saber es preciso conocer la información relevante. Donde hay ocultamiento de la acción de gobierno hay ignorancia colectiva que engendra desconfianza y cinismo hacia lo público, manipulación de la ciudadanía y falta de control de la actividad política. El derecho a la transparencia tiene como finalidad permitir que el gobernado conozca las decisiones de sus representantes para fiscalizarlas, lo cual exige, inexcusablemente, conocer con exactitud el destino de sus impuestos. Además, el control popular sobre el gobierno es un medio eficaz para luchar contra la corrupción que corroe nuestra sociedad.
“Esto se lo hemos recordado al señor Blanco hasta la saciedad, pero desgraciadamente, de poco ha servido. La transparencia y claridad deben constituir una práctica habitual en el comportamiento de las administraciones públicas y de los gobierno para contribuir a mejorar la información de los ciudadanos, derecho que resulta fundamental en el marco de una sociedad desarrollada”, afirma la portavoz del grupo, Mª José Pérez.
“Sin embargo, este gobierno municipal no es partidario de esto, basta con ojear el Portal de Transparencia de la página web municipal.
Alardea de transparente sin serlo. Es lo suyo un aparentar, un intentar quedar bien sin reconocer que la información de su gobierno no es una gracia que nos regala dosificadamente cuando le conviene, sino una obligación que ha de cumplir ante la oposición y ante la ciudadanía”.
“Constatamos que en el Portal de Transparencia municipal el gobierno ha censurado la información sobre los presupuestos municipales para que los ciudadanos no sepan en qué partidas concretas se gasta su dinero. También impide que se conozca el listado completo de grandes contratos municipales, las encomiendas de gestión, los contratos menores, las subvenciones y ayudas públicas concedidas. A lo anterior se añade que no existe información sobre participación ciudadana y que algunos datos de las declaraciones de bienes y de intereses de miembros del gobierno resultan simplemente inverosímiles”.
Según Pérez, “los ayuntamientos de León, Soria, Valladolid, Zamora, Salamanca y Segovia han logrado un sobresaliente en el ranking de transparencia municipal que desde el año 2008 elabora la división española de la organización Transparency International en Consistorios del Estado, sin necesidad de que exista una Ordenanza de Transparencia y buen gobierno, como afirma ahora el señor Román”.
En concreto, los ayuntamientos de León y Soria han obtenido la máxima puntuación posible, puntuación que han compartido con 25 consistorios de todo el Estado. Tras estos dos consistorios se sitúan Valladolid con una nota de 98,8 sobre 100, seguido de Zamora con un 97,5; Salamanca con un 93,8 y Segovia con un 90,6, todos ellos con sobresaliente.
Se ha evaluado la transparencia de los 110 mayores ayuntamientos del Estado. Para ello, se ha establecido previamente un conjunto integrado de 80 indicadores distribuidos por seis áreas de transparencia: transparencia activa e información sobre la corporación municipal; página web, relaciones con los ciudadanos y la sociedad, y participación ciudadana; transparencia económico-financiera; transparencia en las contrataciones, convenios, subvenciones y costes de los servicios; transparencia en materias de urbanismo, obras públicas y medioambiente, y derecho de acceso a la información.
“Queda demostrado que estamos ante un gobierno que presume de lo que no es. De sobra saben que no existe ningún impedimento legal y ni tampoco es necesaria la aprobación de ninguna normativa jurídica subordinada a la ley, para poder publicar la información que el ciudadano necesita para cumplir con sus obligaciones, pero sí un cierto recelo a que se publique toda la gestión económico-financiera que permitan a los ciudadanos comprobar el destino efectivo de los ingresos obtenidos con los impuestos. Sólo se precisa una verdadera voluntad política que por el momento este gobierno no tiene”.