Seguro que han escuchado hablar del periodo de gracia de los 100 días cuando hay un nuevo gobierno. Históricamente los expertos relacionan esta fecha con Napoleón. Es el tiempo que transcurrió desde su huida de la isla de Elba donde estaba exiliado y su derrota definitiva en Waterloo, en 1815.
En Estados Unidos, fue el presidente Franklin D. Roosevelt quien acuñó el concepto para intentar revitalizar la economía y acabar con la crisis económica del crack del 29. Desde entonces, ha sido una fecha simbólica en la que los presidentes han trazado las prioridades de los próximos años de mandato. José Luis Blanco, como no podía ser menos, esperó esos 100 días para hacer balance de su gobierno.
De “transparente y responsable”, así es como el señor Blanco calificaba su gestión el pasado 23 de septiembre, en un alarde que para nada se corresponde con la realidad. Resulta, y sabemos de lo que hablamos, que la transparencia entendida por el Alcalde se fundamenta en dar a conocer en la página web municipal el currículum de los concejales, mientras Dyntra, la plataforma colaborativa que mide la información pública de los gobiernos y administraciones, hoy mismo le contradice al indicar que de los 162 indicadores de transparencia, importantísimos para que la ciudadanía conozca su verdadera gestión y que ya debería haber dado a conocer, sólo ha publicado 81.
En materia política, la transparencia es la base del conocimiento profundo y detallado de las decisiones tomadas por las administraciones, así como sus motivaciones y justificaciones, además de proporcionar información sobre los costos reales de los proyectos y de las actividades, sobre el manejo de los fondos, y sobre cualquier otro mecanismo de acceso a la información que sea relevante. Es una de las principales exigencias de la ciudadanía en relación a los responsables políticos, a los actores y gestores económicos, y a los jerarcas y funcionarios administrativos.
Entendida así y no como la entiende el señor Blanco, la transparencia se convierte en una herramienta esencial para prevenir posibles actos de corrupción, lo que permite conocer a la ciudadanía el funcionamiento interno de las instituciones y la forma de gestionar los fondos que éstas reciben, porque no debemos olvidar que una buena parte de esos fondos provienen de los contribuyentes. Es absurdo querer alardear de transparencia publicando las vidas y milagros de sus ediles, cuando lo realmente importante es conocer el uso que se les da a esos fondos públicos.
En general, en estos primeros cien días del equipo de gobierno del PSOE estamos asistiendo a una política gestual, de mirada hacia la galería mediática, en definitiva, una política de maquillaje con la que cubrir su verdadera gestión: presupuestos prorrogados desde el año 2017, uso en exceso del suplemento de crédito para hacer modificaciones presupuestarias a su antojo, en muchos casos sin control del gasto público, despilfarro y unas obras en la depuradora (EDAR), que no han sido acometidas porque hayan considerado que había que mejorar la instalación, sino por la Confederación Hidrográfica del Tajo, les impuso una sanción, que han tenido que pagar los contribuyentes, por vertido de aguas residuales al río. Estaban advertidos del deterioro avanzado que presentaban los equipos (varios informes técnicos así lo confirman) y no hicieron nada para evitarlo. Que más da, si los casi doscientos mil euros los iba a pagar el pueblo.
El que tenga una mayoría absoluta no le da derecho a vulnerar los valores democráticos, a impedir el desempeño de sus funciones a los grupos de la oposición, a evitar el diálogo y a abandonar a una parte de la ciudadanía. Desgraciadamente, en eso se ha traducido sus cien días de gobierno. Y lo que nos queda por ver.