En la sesión plenaria celebrada en la tarde de ayer, el Gobierno municipal de José Luis Blanco presentaba el nuevo Reglamento de funcionamiento de las Escuelas infantiles municipales.
Para la portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida, María José Pérez Salazar, tanto el señor Pinillos como el propio alcalde, intentaron camuflar las verdaderas modificaciones que contemplan el nuevo reglamento que no son otras que la reducción del horario habitual y la posibilidad del cierre de estos centros durante el mes de agosto.
Todos sabemos que la propia ley, salvaguardando así los derechos de la infancia, aconseja que un menor no permanezca en un centro más de ocho horas, pero también sabemos que, por desgracia, son muchas las empresas que no ofrecen a sus empleadas y empleados esa flexibilización en sus jornadas para posibilitar la tarea de la crianza de sus hijos, incluso algunos corren el riesgo al plantearlo, de ser despedidos. De ahí que entendamos que las escuelas infantiles son uno de los mejores recursos actualmente existentes para facilitar la conciliación personal y familiar y también una herramienta muy valiosa para contribuir a reducir la desigualdad social, al permitir la entrada en el sistema educativo al conjunto de la ciudadanía.
Pérez ha insistido en que son las empresas y las administraciones las que han de resolver esa necesidad laboral familiar y compatibilizarla con la de que padres y madres puedan estar con sus criaturas para protegerlas y cuidarlas educando. Esto es la conciliación laboral y familiar. Sin embargo, ha señalado, el Gobierno municipal reduce el horario y plantea el cierre durante el mes de agosto (a menos que haya 13 niños y niñas que vayan asistir) sin ofrecer una alternativa a las familias que necesitan de este servicio. ¿Qué van hacer ahora las familias que salen de trabajar a las 18,30 horas, con sus menores? ¿Qué va suceder en agosto si hay, pongamos el caso, 10 niños y niñas que necesitan la atención de servicio de las escuelas infantiles? Son preguntas que ni el señor Blanco ni el señor Pinillos respondieron por resultarles muy incómodas.
El edil Edgar Fernández San José, recordaba también que este es un servicio que viene mermado desde el año 2012 cuando el Ejecutivo regional, gobernado por el PP, retiró la subvención de casi 250.000 euros que recibía Azuqueca para que las tarifas fuesen así más asequibles. Esta cuantía jamás se recuperó, porque el Gobierno de García-Page mantuvo el recorte y ahora, las familias deben soportar un nuevo recorte al servicio, de manos del Gobierno de José Luis Blanco.
Desde la formación de izquierdas le recuerdan a Blanco que los impuestos se suben para ofrecer mejores servicios y de calidad y no para sufrir recortes que es lo que hace desde que gobierna.
Por último, María José Pérez ha señalado que unos buenos gestores fomentan los servicios públicos y ofrecen alternativas a la población, Blanco y su grupo hacen todo lo contrario, los recorta y la gran mayoría los externaliza.