El Coordinador Federal remitió antes de las 20 h. de ayer viernes a la vicepresidenta segunda un documento de valoración sobre las 54 medidas económicas del Gobierno, tal y como había solicitado el Ejecutivo conjuntamente con su convocatoria para un acto el lunes 29 en el Palacio de Zurbano, al que no asistirá Izquierda Unida.
El Coordinador Federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, remitió en la tarde de ayer viernes a la vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, la respuesta oficial de esta formación al ofrecimiento de un acuerdo económico global a partir de las 54 medidas enviadas el jueves por el Gobierno a todos los partidos. Lara traslada a la responsable económica del Ejecutivo que “no podemos avalar con nuestro acuerdo una mera política de reducción del gasto, con graves consecuencias sobre el gasto social y los servicios públicos”.
Este trabajo de ‘Análisis y Consideraciones de IU sobre el documento de síntesis propuesto por el Gobierno’ enviado a la responsable económica del Gobierno es consecuencia de la carta que Salgado traslado el jueves, junto con sus 54 propuestas, a los interlocutores de todas las formaciones. En la misiva les solicitaba una primera valoración antes de las 20,00 h. de ayer viernes 26, y una segunda valoración global antes de las 14,00 h. de mañana domingo, además de convocarles, sin fijar hora, para la firma de un posible acuerdo en una reunión el próximo lunes día 29 en el Palacio de Zurbano.
La respuesta realizada por el equipo que coordina el responsable económico de IU, José Antonio García Rubio, que Cayo Lara expuso a la vicepresidenta Salgado, apunta que el documento gubernamental “es un compendio de medias poco relevantes que, además, desde nuestro punto de vista no apuntan en la dirección correcta para una salida social de la crisis”. El texto de IU recuerda que esta escasa ambición final del Ejecutivo contrasta con el contenido del primer documento de síntesis del Ministerio de Economía que dio pie a la denominada ‘Mesa de Zurbano’ a finales de febrero, donde señalaba que la envergadura de la crisis económica, especialmente en España, exige ‘la adopción de relevantes medidas de impulso y reforma del modelo económico vigente’.
Lara entiende que “nos encontramos posiblemente ante una nueva fase de la crisis, la crisis del euro y la deuda -muy relacionada con las tensiones monetarias internacionales-, que ofrece oportunidades de negocio al capital especulativo. No negamos el riesgo que todo ello significa, pero para nosotros la estabilización de la economía y la reducción efectiva del déficit dependen esencialmente de la creación de empleo (a la que se debe contribuir directamente desde lo público) y de la mejora de la contribución fiscal de los ciudadanos sobre dos ejes esenciales: la progresividad y la lucha contra la economía sumergida y el fraude”.
“No estamos, por tanto -aclara Cayo Lara a Elena Salgado-, proponiendo una política de gasto, sino un conjunto de acciones que conducirían al equilibrio fiscal sobre bases más justas. En este terreno no podemos avalar con nuestro acuerdo una mera política de reducción del gasto, con graves consecuencias sobre el gasto social y los servicios públicos”.
El documento de Izquierda Unida analiza de forma constructiva hasta doce puntos concretos del texto enviado a los partidos por la vicepresidenta económica. Así, se señalan algunas valoraciones positivas de fondo en temas puntuales como las nuevas funciones del ICO, “si bien este papel debe configurarse con mayor decisión y operatividad en las medidas concretas que se aprueben”, o la reducción del IVA en las obras de rehabilitación. Este último punto se considera correcto, “pero seguimos en contra del método de deducción fiscal porque tendrá el mismo efecto que la deducción de 400 euros. La flexibilización de la deducción en cuatro años no va al fondo del problema”.
“Izquierda Unida -se señala- ha presentado un amplio paquete de medidas de racionalización del gasto público de las que no se recoge ninguna. Del contenido de nuestras propuestas deducimos que, al ignorarlas, el Gobierno no quiere entrar en serio en este problema”.
También se explica que “la aplicación de tipos superreducidos de IVA a la atención a la dependencia es un impulso a la privatización de estos servicios, con la que no estamos de acuerdo” o que “Izquierda Unida no avalará ningún plan que conlleve una reducción del empleo público. No estamos de acuerdo, por ejemplo, en que por cada diez profesores o médicos que se jubilen se reponga uno”.