Como viene siendo habitual en estos tiempos de zozobra, en el Pleno se debatieron asuntos de extrema gravedad, que se unieron a los ordinarios de una gestión municipal que, progresivamente, resulta más difícil y penosa. La crisis, los errores, las mayorías absolutas, los propósitos inconfesables y un diagnóstico equivocado de la situación confluyen en el peor momento posible, precisamente cuando la exigencia a los gobiernos y a la política es máxima.
Comenzó el Pleno con la decisión del señor Alcalde de delegar atribuciones a los primeros tenientes de alcalde, singularmente en lo relativo a su capacidad para firmar el despacho cotidiano de los asuntos municipales. Sorprende el cambio planteado, puesto que el Alcalde ha mostrado hasta ahora un celo especial en esta materia. En la comisión en la que fuimos informados sobre este particular preguntamos si este cambio tendría que ver con el hecho de que el señor Alcalde es ahora, además, secretario provincial de su partido, nueva responsabilidad que le resta tiempo para atender a sus obligaciones como primer edil.
Se nos respondió que en absoluto, y que tal cambio obedecía al hecho de ser más “eficaces y operativos”, de modo que quien nos contestó, la Primera Teniente de Alcalde, daba a entender que el señor Alcalde no era tan eficaz y operativo como debiera. Digámoslo sin tinieblas: hay excusas que son peores que la razón que ocultan, que no es otra que el señor Alcalde simultanea responsabilidades, la de Alcalde y la de secretario provincial, mientras que la jornada sigue teniendo 24 horas, de modo que no puede atender todas sus obligaciones con el esmero que precisan. Esperamos que a nuestro Alcalde no le pase lo que a Cospedal, a la que no se la ve el pelo por Castilla-La Mancha porque además de Presidenta de la Comunidad es secretaria general de su partido. Sobre este particular estaremos vigilantes.
Después de este asunto, se pasó a aprobar el reglamento de funcionamiento y régimen interno del Centro de Empresas, que obtuvo la unanimidad de los presentes, así como la modificación del reglamento del Consejo de Cooperación, que también concitó el apoyo de todos los concejales.
Resuelto lo anterior, se acordó por unanimidad la cesión gratuita a ADA (Asociación de Padres de Disminuidos de Azuqueca de Henares) de la finca rústica en la que viene realizando tareas de integración social gracias al funcionamiento de una granja-escuela. Conviene decir que el motivo de esta cesión es lamentable. ADA, como el resto de las asociaciones que luchan a favor de la integración de colectivos desfavorecidos, necesita de las subvenciones públicas para sobrevivir. Ocurre que el gobierno regional, encelado por el recorte traumático y dañino, no aporta a ADA lo mínimo para su sostenimiento ordinario.
Hasta tal punto es así, que los socios de ADA comprometieron su patrimonio para obtener créditos a favor de la asociación. Dado que la situación era insostenible, ADA pidió a la corporación, además del mantenimiento de las ayudas municipales, la cesión permanente de la parcela municipal que venía usando, para presentarla como aval ante futuros préstamos, pero limitando su uso, bajo cualquier circunstancia, a la finalidad para la que se efectúa la cesión. El Pleno, por unanimidad, acordó tal cesión gratuita, aunque a los concejales del PP, defensores del recorte que lleva a ADA al desahucio, no se les escuchó pronunciar ni una sola crítica contra la señora Cospedal, presidenta del gobierno que, con sus actos, aboca al desamparo a quien, en este caso, no puede valerse por sí mismo.
Aprobado lo anterior, correspondía resolver una concertación de crédito con la que satisfacer la deuda contraída por el Ayuntamiento con los proveedores anterior al 1 de enero del año 2012, según lo dispuesto en el Real Decreto Ley 4/2012 aprobado por el gobierno del señor Rajoy. La cantidad adeudada por el Ayuntamiento sobre este particular asciende a 3.544.675 euros (aunque, por ahora, la que se va a satisfacer, por petición expresa de los proveedores, suma 3.088.470 euros). En esta cuestión, el PP y el PSOE estaban de acuerdo en someterse a las condiciones leoninas del decreto del gobierno y pedir prestado el dinero con el que pagar a los proveedores. No así IU. Conviene, por tanto, explicar las razones de nuestro disenso para despejar dudas maledicentes. Empecemos diciendo que hay que pagar a los proveedores y que si el Ayuntamiento les debe 3’5 millones de euros es porque la Comunidad Autónoma debe al Ayuntamiento más de 7’5 millones de euros.
Una simple operación aritmética al alcance de todos deja el asunto claro: si la Junta pagara lo que nos debe, el Ayuntamiento no tendría deudas con nadie. Objetamos, por tanto, que el gobierno de Rajoy no haya movido ni un dedo para arbitrar un sistema que permita resolver satisfactoriamente el problema de las deudas entre administraciones, cuando en muchos casos, por ejemplo el nuestro, de esos impagos proceden otros no menos gravosos para los acreedores. En otras palabras, nos parece magnífico que se arbitre un plan de pagos a los proveedores, pero creemos que debe estar ligado a otro entre administraciones públicas. Dicho esto, hay otro aspecto aún peor del plan de pagos que hacía imposible que IU lo aprobara: el gobierno ha determinado que las operaciones de crédito se hagan a través de la banca privada, que recibe el dinero del BCE al 1% y lo presta casi al 6%, llevándose en la operación una tajada monumental (los cinco puntos de diferencia) por actuar como intermediario. ¿No hubiera sido mejor que el BCE pudiera prestar a las administraciones públicas al 1% y que éstas cancelasen sus deudas a esa tasa de interés? ¿Qué demontres pinta la banca usurera en esta operación, excepto llevarse una vez más una buena porción de dinero que saldrá de los bolsillos de los contribuyentes? ¿Con este préstamo cobrarán los proveedores o será la banca la que se cobre la deuda de los proveedores de los que es acreedora? Basta ya de expolios.
Concertada la operación de crédito con el voto favorable del PP y del PSOE y en contra de IU, se pasó al punto número 8 del orden del día, consistente en el estudio de una alegación de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe (presidida por el PP) contra el presupuesto municipal. Estudiada la alegación por los servicios jurídicos del consistorio, resultaba manifiesto que no tenía base legal y que algunos de los cálculos en que se sostenía eran erróneos, malintencionados y dañinos para el Consistorio. Visto que no había fundamento para sostenerla se rechazó con los votos favorables de IU y del PSOE. El PP, en cambio, votó a favor de las alegaciones presentadas por sus jefes políticos provinciales, traicionando los intereses de los vecinos de Azuqueca de Henares, que son a quienes, en teoría, se deben. En vez de presentar alegaciones torticeras y dañinas, el Presidente de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe debería remangarse y conectar de una vez por todas la tubería procedente del pantano del Alcorlo con la planta potabilizadora de Mohernando, para asegurar el suministro de agua de calidad a los municipios mancomunados.
IU está harta del uso que hace el PP de las administraciones que dirige, convirtiéndolas en ariete de la peor refriega política. Las administraciones públicas están para resolver problemas y no para provocarlos. Actitudes como ésta explican la desafección ciudadana hacia los políticos y las instituciones. Cuando el hartazgo alcance el punto de ebullición y ocurra lo inevitable, los que han provocado la desafección señalarán con su dedo acusador a los desafectos para meterlos en vereda a empujones. Queda por ver que los agraviados se dejen atropellar sin resistencia con lo que, llegados a la encrucijada decisiva, cualquier desenlace es posible.
Tocaba después leer una declaración institucional (que tenía por origen una moción del PP) en la que se pedía al gobierno la modificación de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. El objetivo de tal cambio es lograr que sean las entidades bancarias las que paguen las plusvalías de los terrenos de naturaleza urbana en el caso de que realicen una ejecución hipotecaria.
Tras la lectura de la declaración institucional por el señor Alcalde, el PP anunció que retiraba su moción a favor de la transparencia. El motivo es que el texto del PP está siendo discutido por los representantes de los grupos municipales con el fin de llegar a un acuerdo.
Hecho este anuncio, quedaba discutir y votar dos mociones muy importantes, una presentada por el PSOE y la otra por IU, que al final se convirtieron en mociones conjuntas. La moción del PSOE trataba de la defensa del sistema sanitario público y la de IU denunciaba la reforma laboral del PP. En consecuencia, ambas arremetían contra dos reales decretos aprobados por el gobierno de Rajoy, el 16/2012 y el 3/2012, que pasarán a la posteridad como los decretos de la infamia. El primero, el relativo a la sanidad, deja por vez primera en la historia reciente de nuestro país a cientos de miles de personas fuera de la cobertura general sanitaria; el segundo, destruye el derecho del trabajo, institucionaliza los salarios de hambre y condena al desamparo a los trabajadores. Con estos Reales Decretos el PP se empeña en que volvamos a la sima de Atapuerca.
El decreto del PP sobre la sanidad es intolerable y criminal. Destruye un sistema universal vigente desde hace casi tres décadas, en el que se atendía a las personas en condiciones de igualdad, por otro en el que hay que gozar de la condición de asegurado para tener derecho a todas las prestaciones (que, por cierto, cada vez son menos). Quiere decir esto que a partir de ahora se les retirarán las tarjeta sanitarias a determinados colectivos especialmente vulnerables, con lo que no serán atendidos ni en los servicios primarios, ni por los especialistas, ni tendrán cobertura para comprar medicinas o para recibir el tratamiento que precisan en el caso de que sean enfermos crónicos.
El gobierno del PP considera que los inmigrantes no regularizados y los mayores de 26 años que no han trabajado nunca (excepto si tienen una minusvalía igual o superior al 65%) quedan fuera del sistema sanitario, poniendo en riesgo sus vidas y las de los demás. Sólo serán atendidos de urgencia (la degradación y el colapso de las mismas será inevitable) y por asistencia al embarazo, parto y postparto. Por si no fuera bastante, a esta aberración se añaden otras: despidos de personal médico, cierre de plantas hospitalarias, paralización de inversiones, a lo que se añade que los jubilados re-pagarán una parte de los medicamentos que consumen y subirá la aportación del resto en esta materia y en otros servicios muy importantes (prótesis, productos dietéticos médicos y transporte sanitario no urgente). Un solo ejemplo basta para ver la magnitud del hachazo: si un ciudadano de Guadalajara sufre un infarto durante el fin de semana, tendrá que ser trasladado en helicóptero a Toledo, dado que se ha cerrado el servicio de guardia de cardiología del hospital provincial. Es evidente que gracias a Cospedal las probabilidades de sobrevivir a un ataque cardíaco en nuestra provincia se reducen gravemente, y que el riesgo de que queden secuelas irreversibles en los pacientes que tengan la desgracia de sufrirlo aumenta de manera insoportable.
El ataque a la sanidad y a los derechos de los seres humanos no puede ser más brutal. El PP ha dinamitado la Constitución, ha mentido miserablemente, ha arremetido cobardemente contra los más débiles, pone en peligro la vida de todos y, encima, usando la neolengua de las tiranías, dice que lo hace por nuestro bien mientras socorre a los bancos y a los banqueros con toneladas de dinero público. Los concejales del PP, amparándose en un problema formal, rechazaron discutir la moción presentada en el Pleno, en un acto de cobardía que pasará a los anales, lo cual no les impidió votar en contra del texto presentado por el PSOE y apoyado por IU. No vamos a olvidar esta decisión de los concejales populares, tan grave como cruel, porque con ella se colocan al margen de la sociedad (eso sí que es ser un antisistema) para señalar a unas víctimas inocentes que, sin comerlo ni beberlo, son conducidas a un sacrificio completamente inútil. Malditas mayorías absolutas y maldito pensamiento único que nos conducen al desastre.
Pasado este capítulo amargo, correspondía afrontar otro no menos enojoso: discutir como último punto del orden del día de la parte resolutiva del Pleno la moción que presentábamos contra la reforma laboral del PP, con la que se da puntilla al maltrecho sistema de relaciones laborales que regía hasta ahora. La brutalidad del decreto de Rajoy en materia laboral es pareja a la aplicada en materia sanitaria. Con el decreto se trata de que los salarios caigan a niveles de indigencia (para compensar una devaluación de la moneda que no está en nuestra mano), abaratar el despido hasta un punto lastimoso, destruir la protección sindical y convertir al trabajador en siervo temeroso dispuesto a aceptar cualquier trágala. Con la reforma laboral se trata de que los españoles se conviertan en chinos, que trabajan en cuclillas por un cuenco de arroz y duerman en el banco de trabajo. Cualquier otro parecer sobre la misma es literatura barata y, por ello, las voces críticas al desmantelamiento del derecho laboral son cada vez más numerosas.
Proceden de los sindicatos, de las asociaciones ciudadanas, de los partidos políticos de izquierda, del 15M y hasta de la judicatura. La última denuncia, la del Presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, Gonzalo Moliner, que afirmaba que la reforma laboral raya la inconstitucionalidad porque deteriora el derecho a la libertad sindical, que es un derecho fundamental, además de “afectar a las bases sobre las que se ha construido el Derecho del Trabajo durante mucho tiempo. Es tremenda.” Al abaratar el despido, la reforma laboral del PP, contrariamente a lo que arguyen sus defensores, no crea empleo sino que lo destruye, y al precarizar el trabajo promueve una sumisión que conducirá al abuso continuado de los trabajadores. Ya sabemos que el miedo achica a la persona y paraliza sus alas.
En la moción que presentamos no sólo se criticaba la reforma laboral, sino que se pedía al gobierno municipal un compromiso para no aplicarla. Tras mucho discutir, se llegó a un consenso que compromete al Ayuntamiento de manera evidente. El acuerdo alcanzado sobre este particular dice así: en vez del decreto infamante del PP “El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares se compromete a mantener y a aplicar un marco normativo justo y razonable, de acuerdo con el Comité de Empresa, para resolver cualquier cuestión laboral que pudiera presentarse a partir de ahora.” Resuelto este asunto, el PSOE dio su voto favorable a la moción presentada por IU, que pasó a ser conjunta. En cuanto al PP, su portavoz, el señor Moraga, preso de sus contradicciones, se limitó a leer una hojita en la que alguien había escrito una loa a un decreto inexistente. Cuando se acabó el texto concluyó su intervención, quedando ajeno su entendimiento a cualquier género de argumentación que se expuso después. Inverosímilmente, por una cuestión que aún no entendemos, a la hora de votar los señores concejales del PP se abstuvieron. Ver para creer.
Y así, sobre la medianoche, terminó un Pleno en el que se puso de manifiesto, de nuevo, que el país se va al garete, que las instituciones viven en el limbo, que la sociedad se desmorona y que el PP hace de sepulturero de las víctimas que propicia. La política, que tendría que ser, ahora más que nunca, la sombra de un sueño es, tristemente, el reflejo de una pesadilla. Por este camino vamos derechos a que se cumpla lo que decía nuestro Ramón de Garciasol: “Hostigad a una fiera, llevad su hambre al extremo, apaleadla sin contemplaciones y lamentaréis si os devora cuando dejéis abierta la puerta de la jaula.”