Comenzó el pleno aprobándose por unanimidad un protocolo, que había sido discutido previamente, para obligar al gobierno del señor Bellido a contestar a las preguntas y requerimientos de la oposición en tiempo y forma. La regulación aprobada manda, en consonancia con lo dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, que en aquellos documentos o datos ya elaborados rige el silencio positivo cinco días después de la demanda, a lo que se añade que el gobierno dispone de un plazo adicional e improrrogable de diez días para entregar la información solicitada por la oposición, plazo tras el cual, de nos satisfacerse la petición, el Secretario del Ayuntamiento intervendrá para entregar la documentación requerida. Con esta medida se trata de evitar que el gobierno municipal conteste cuando quiera, si es que lo hace, a las preguntas de la oposición, incumpliendo una de sus obligaciones más importantes. IU tiene registradas peticiones de información desde hace más de medio año que aún no han sido atendidas por algunos concejales del gobierno municipal, lo cual es intolerable en un sistema que se llama democrático. Deseamos que con esta medida se normalice lo que no es sino una obligación del gobernante: contestar a lo que se le pregunte y ser controlado por la oposición.
El segundo punto del orden día consistía en aprobar un cambio de los representantes municipales en el Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos de la provincia de Guadalajara. La propuesta del gobierno era sustituir al concejal Carbajo Sanz por el concejal García Moreno, ambos del grupo socialista, con el argumento de que este último es el Presidente de la Mancomunidad de la Vega del Henares. En su intervención, el portavoz de IU, Emilio Alvarado, señaló que los representantes en consorcios y mancomunidades lo son del municipio y no del grupo político al que pertenecen, por lo que requirió al Alcalde a que a la mayor brevedad convocara una reunión con la oposición para explicar en qué situación están las dos mancomunidades y el consorcio a los que pertenecemos. El Pleno aprobó el cambio de los representantes con los votos a favor del grupo socialista y las abstenciones de IU y del grupo popular.
Resuelto este tema, se trató la aprobación definitiva de la relación de puestos de trabajo. Un asunto espinoso destaca en este apartado: el de los puestos de trabajo que no son de la plantilla pero que existen, se ejercen y que, al no estar regulados como es debido, provocan agravios salariales y de funciones para los trabajadores que los desempeñan. La opinión del señor Alcalde sobre este problema es tan tajante como injusta: si bien acepta regular la situación, no dice ni cuándo ni cómo, ligando el desenlace a la marcha de las negociaciones sobre el convenio colectivo aunque, en cualquier caso, lo que se haga, si es que se hace algo, será a coste cero para el Ayuntamiento. Dicho de otro modo, el señor Bellido reconoce que en el Ayuntamiento hay trabajadores que desempeñan funciones por encima de lo estipulado (tanto de la plantilla como fuera de ella) si bien tal reconocimiento no supondrá aumento de remuneraciones en ningún caso, lo cual significa que los trabajadores afectados no cobrarán por lo que hacen de más. IU no suscribe este punto de vista ni la propuesta del Alcalde, que salió adelante sólo con los votos del grupo socialista.
Tras esta lección de derecho laboral práctico impartida por el señor Alcalde, correspondía decidir si el Ayuntamiento se adhería o no al Fondo Social de Viviendas impulsado por el gobierno del PP. Antes de nada, es preciso explicar con un poco de detalle en qué consiste tal fondo, de título tan sugerente, para saber si estamos ante una gran medida o ante un nuevo engaño, ahora que las aguas de los desahucios bajan bravías y que el Tribunal de Luxemburgo ha sentenciado que las leyes hipotecarias españolas son, además de un abuso, ilegales. El Fondo Social de Viviendas del PP consiste en una bolsa de pisos propiedad de los bancos, que los bancos ponen a disposición de la administración para que sean alquilados a algunas de las familias a las que esos bancos han desahuciado previamente. Los bancos que participan en este fondo lo hacen voluntariamente, aportando las viviendas que quieren y donde quieren. Nadie les obliga ni les pone condiciones, porque para el PP forzar a los bancos es anatema. Destinan los bancos 6.000 viviendas para el fondo, las peores, las que les resulta imposible vender o alquilar, y lo hacen donde les viene en gana, porque no hay obligación de ceder el uso de las viviendas en las mismas localidades en las que han ejecutado los desahucios. El gobierno de Rajoy, por su parte, fija las condiciones para el acceso al alquiler social (entre 150 y 400 euros al mes), que son extremas e impiden que la inmensa mayoría de las familias que han sido lanzadas de sus casas, que ascienden a 400.000 desde el inicio de la crisis, puedan beneficiarse de la medida, lo cual tampoco tiene mucha importancia puesto que el número de casas de esta bolsa es ínfimo, irrisorio, limosna en un mar de necesidades. Pongamos a nuestra ciudad como ejemplo para probar lo dicho. En julio del año pasado los bancos tenían unas doscientas viviendas vacías en Azuqueca de Henares, siendo propiedad de Bankia más de la mitad. En cambio, a Azuqueca de Henares le corresponden de este fondo dos viviendas, ninguna de las cuales ha sido aportada por Bankia, que es de todas las entidades desahuciadoras la mayor propietaria de pisos vacíos, la que más desahucios ha provocado y la que subsiste gracias a inyecciones multimillonarias de dinero de los contribuyentes. Dicho lo anterior, queda de manifiesto que el Fondo Social de Viviendas es una operación de publicidad para lavar la cara a un gobierno que se niega a cambiar las leyes hipotecarias y, de paso, también a unos bancos que después de la ruina que han provocado se permiten jubilar a sus directivos con planes de pensiones cercanos a los 90 millones de euros. Los detalles del plan irritan, al menos a IU, que no obstante votó a favor de que Azuqueca de Henares participara en él porque sabemos que hay familias de nuestra localidad interesadas en acceder a esos alquileres.
Aprobado lo anterior, le llegaba el turno a la modificación de la ordenanza sobre el suelo industrial, consistente en ampliar los usos de determinadas zonas del polígono para que sea legal instalar actividades deportivas sin público (gimnasios, por ejemplo) en algunas naves que ahora están vacías. El cambio de la ordenanza fue aceptado por unanimidad.
El punto séptimo del orden del día, que no precisaba votación, consistía en dar cuenta del informe de seguimiento del plan de ajuste realizado por la intervención municipal, asunto que está ligado al pago a proveedores aprobado por el Gobierno de Rajoy. Recordemos un detalle muy importante del plan de pagos que el PP ocultó en su momento: los bancos privados recibían un crédito al 1% del Banco Central Europeo (BCE), dinero que prestaban a los Ayuntamientos al 5%, con el fin de que éstos pagaran a sus proveedores privados con los que mantenían deudas. Los Ayuntamientos que recibían el crédito al 5% se comprometían a devolverlo a los bancos bien aumentando sus ingresos (cargando a los ciudadanos con más tasas, precios públicos e impuestos) o reduciendo sus servicios (recortando a los ciudadanos prestaciones y ayudas), que en esto consiste un plan de ajuste, subir impuestos al contribuyente y recortar al vecino, siendo ambos uno y el mismo. Merced a esta fórmula ideada por de Guindos, del que no olvidemos su pasado como banquero, la deuda municipal se ha convertido en un negocio seguro para unas entidades financieras que se embolsan por su intermediación cuatro puntos de interés que terminan pagando los contribuyentes, en un nuevo impuesto encubierto a favor de la banca. Por esta razón IU se opuso al plan de pago a proveedores (no así el PP y el PSOE, que lo aprobaron), exigiendo al gobierno que eliminara la intermediación de la banca privada. Aclarado lo anterior, en el informe de intervención se certifica que el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares es un buen pagador de la banca que le prestó al 5%, gracias a que recauda más que antes (doble subida del IBI, incrementos de los precios públicos en cultura, deportes, juventud y servicios sociales). En cuanto a los proveedores, el tiempo medio de espera para cobrar está ahora en 113 días, no habiendo deudas anteriores a enero de 2012. Para concluir este asunto, es preciso recordar que no habría sido necesario recurrir a ningún plan de pagos a proveedores si la Junta de Comunidades hubiera satisfecho la deuda que tiene contraída con nuestra ciudad, que supera los siete millones de euros.
Informado lo anterior, correspondía discutir la moción sobre el 8 de marzo, día internacional de las mujeres, emanada del Consejo de Igualdad, que fue presentada por los grupos de IU y del PSOE. Había dos puntos en esta moción que no gustaban al PP y que, al final, provocaron su abstención. El primero, la demanda de derogar la reforma laboral, que tanto daño ha hecho al empleo en nuestro país, singularmente al de las mujeres. Es un clamor popular que gracias a los desvelos de la Ministra de Empleo, Fátima Báñez, las mujeres sufren el flagelo del paro y de unas pésimas condiciones laborales que les impiden conciliar una maternidad responsable con la independencia profesional. El segundo punto de discordia era la petición de mantener la actual Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo, ahora que el gobierno anuncia que eliminará los plazos para abortar legalmente (lo cual supone negarles a las mujeres su derecho a decidir si quieren ser madres o no) y de reducir los supuestos válidos en los que el aborto está consentido, lo que nos llevará a una situación anterior a 1985, año en el que se despenalizó el aborto en nuestro país. Con ser grave lo anterior, la realidad es que la norma no va a cambiar nada sustancial porque seguirán practicándose abortos (quizás ahora más que antes, como consecuencia de la crisis económica) con la diferencia de que las mujeres que puedan pagar un aborto lo harán en el extranjero y las que no, abortarán ilegal y clandestinamente en España, poniendo en riesgo su vida y su libertad. La reforma del aborto de Gallardón supura un clasismo insoportable, una hipocresía olímpica, además de obligar a las mujeres a ser madres cuando no quieren, negándoles su capacidad de decidir sobre un tema tan sustancial como si no fuesen personas adultas con iguales derechos que los hombres. Tras una discusión breve en la que el PP optó por no entrar en detalles debido a lo incómodo de su postura, la moción fue aprobada con los votos de IU y del PSOE.
En el punto número nueve del orden del día se trató una moción contra el préstamo de pago en bibliotecas, que fue aprobada por unanimidad. Este asunto, auténtico despropósito, es una matraca que lleva sonando muchos años, consistente en gravar al libro con una carga adicional, por préstamo, cuando ya tributa por partida doble a favor de sus propietarios, primero cuando se compra y después cuando quien lo compra lo pone a disposición del público. El argumento de que así se protegen los derechos de autor suena a chiste porque nunca las bibliotecas fueron enemigas de los libros ni de quienes los escriben, sino todo lo contrario, razón que se refuerza al conocerse que de este pago no se librarán ni las obras clásicas en las que los derechos de autor prescribieron hace siglos. Así que la razón para gravar por tercera vez consecutiva al libro que se presta es avidez de los grandes grupos editoriales que son piezas de grupos mediáticos aún más grandes y poderosos. La imposición viene de la UE, impulsada por algún lobby de esos que se pasean por Bruselas como Pedro por su casa y por la inercia cómplice de burócratas y eurodiputados que se habrán dado un buen festín, viajado gratis en crucero u obtenido sinecura por legislar tal disparate. Los enemigos del libro son tres: la crisis, los recortes y la piratería. Si se quiere proteger al libro hay que combatir estas lacras y dejarse de buscar ingresos adicionales esquilmando aún más el bolsillo de un lector que toma en préstamo libros porque no tiene dinero para comprarlos. La moción, además, conminaba al Ayuntamiento a interponer un recurso contencioso-administrativo contra la medida, por ser un ente perjudicado si se implanta el préstamo de pago. Expuestos los argumentos de los grupos municipales, la moción fue aprobada por unanimidad.
Acordado el anterior punto, tocaba debatir la moción presentada por IU en la que se pedía al gobierno regional que aplicara en materia de vivienda medidas similares a las decididas por la Consejería de Vivienda (dirigida por IU) de la Junta de Andalucía. El decreto ley del gobierno andaluz (6/2013, de 9 de abril) aborda el asunto de los desahucios de una manera nueva, más agresiva contra la banca, aboliendo el principio perverso de la voluntariedad a favor de la banca, aunque sin entrar en la cuestión medular, esto es, la dación en pago, asunto sobre el cual las Comunidades Autónomas no tienen competencia. Ataca el decreto ley dos cuestiones: qué hacer en los casos en los que el desahucio está en proceso (para ello, legaliza la expropiación temporal de las viviendas propiedad de los bancos que están en vías de ser expropiadas) y qué hacer con las familias que ya han sido desahuciadas con el objetivo de que accedan a un techo (con tal fin, se pretende crear una bolsa de viviendas de alquiler social aportadas por los bancos, multando a aquellos que perseveren en mantenerlas vacías, sin ocupación, sin uso, como bienes muertos). Además, el decreto de la Junta de Andalucía es bastante más generoso que la legislación nacional en cuanto a las condiciones que han de cumplir las familias para acogerse a sus beneficios. El decreto 6/2013, de 9 de abril, es un paliativo, que no un remedio, a una situación intolerable de familias desahuciadas a las que el sistema, las leyes, los bancos, los gobiernos del PSOE y del PP y la policía les han hecho 400.000 escraches despiadados desde hace más de cinco años. Es un insulto que en nuestro país haya cientos de miles, por no decir millones, de viviendas vacías que son propiedad de los bancos y, a la vez, cientos de miles de familias desahuciadas que lo han perdido todo como consecuencia de la crisis económica y de la avaricia de los bancos. Explicado con detalle lo anterior por el portavoz Alvarado, se abrió un turno de debate que fue muy breve, en el que tanto el PSOE como el PP manifestaron que votarían a favor de la moción, que fue aprobada por unanimidad. Dicho esto, conviene señalar que sobre la buena intención del decreto pende una amenaza: el obstruccionismo de unos bancos que comiencen a pleitear contra el gobierno de Andalucía sobre si las viviendas desocupadas lo están o no realmente, teniendo como aliados a una justicia insoportablemente lenta. Hay riesgo, por tanto, de que el decreto naufrague o de que llegue tarde en el noble propósito de crear un parque abundante de alquiler social, a bajo precio, para hacer efectivo el derecho humano a una vivienda, por lo que las autoridades de la Consejería deberán impedir cualquier clase de dilación o enredo.
A estas alturas, sólo quedaba un asunto por tratar: la renuncia a su cargo del concejal del grupo popular, D. Jesús Martín Fernández, que por razones laborales se traslada de domicilio, y su sustitución por quien le sigue en la lista electoral, D. José Luis González Gallego.
Nota bene: al día siguiente del Pleno, en la página web municipal se informó con abundancia sobre la moción presentada por el grupo socialista contra el préstamo de pago, mientras que se censuró el contenido de la moción sobre vivienda presentada por IU. Una vez más, los medios municipales de información manipulan a los vecinos, ocultando lo que no le gusta al señor Bellido. En IU estamos hartos de este abuso que traerá consecuencias en el futuro.