El martes 12 de noviembre, rueda de prensa en Guadalajara contra la petición de cárcel para profesores por defender la enseñanza pública de calidad

En septiembre de 2011 unas 400 personas se manifestaron en el Teatro Buero Vallejo para expresar su indignación frente a los recortes en la enseñanza pública decretados por el PP.

La mayoría de los manifestantes eran docentes, aunque a ellos se sumaron también ciudadanos de diferente condición, escandalizados por la perfidia de Cospedal consistente en pisotear las promesas electorales que la llevaron al gobierno.

Cinco de los ciudadanos que participaron en la protesta fueron denunciados y pesan sobre ellos peticiones de penas de cuatro años de cárcel.

Sí, han leído bien: cuatro años de cárcel por sumarse a una protesta ciudadana más que justificada. Mientras tanto, partidas de delincuentes de cuello blanco continúan en nuestro país practicando el allanamiento y el escalo de lo público con el sostén del gobierno.

Se presentan cargos delictivos contra los denunciados, pero sobre una base falsa porque no hay pruebas que sostengan las acusaciones. En conclusión, el caso no tiene soldadura.

Queda el asunto reducido a una venganza por parte del PP contra el primer colectivo que le plantó cara, los profesores de la enseñanza pública, a muchos de los cuales se cepilló en aquel verano y en sucesivos, en aperitivo de lo que vino después para el personal sanitario, enfermos, escolares, dependientes, parados, precarios, inmigrantes, etc.

Coincide este juicio con el del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía contra los jornaleros que, según los denunciantes, “ocuparon” y produjeron daños en la finca militar de las Turquillas, que es un latifundio baldío, un caso de tierra muerta. Fue aquella “ocupación” espectacular, como muestran las imágenes grabadas, digna de consignarse en las Escuelas Superiores de Guerra. Unos jornaleros franquearon el portón de la finca mientras cantaban alegremente, tras lo cual plantaron unas tiendas de campaña y se hicieron un bocadillo, todo ello con aire reivindicativo y de fiesta.

Es una evidencia que el PP intenta inocular el miedo en la sociedad con el uso de la coerción de la fuerza pública contra los ciudadanos que no están dispuestos a callarse. EL PP quiere una sociedad paralizada, porque pueblo asustado es seguridad para el tirano. Sólo en Guadalajara el PP ha multado con 30.000 euros a ciudadanos por ejercer su derecho constitucional a la protesta, los cuales para defenderse han tenido que constituir una plataforma antirrepresiva como si viviéramos en los tiempos del caudillo.

Un gobierno que quiere meter en la cárcel a sus profesores, que echa al extranjero a sus licenciados, que manda al paro a sus investigadores y que persigue al que disiente es una indignidad, una vergüenza.

Por todo lo anterior, IU apoya a los ciudadanos a los que el PP quiere meter en la cárcel. Esas personas no son unos delincuentes, tienen razón y no merecen estar solas.

Hoy son ellos son los que sufren la represión del PP, pero mañana pueden ser otros, cualquiera que proteste, de ahí la alabanza de Rajoy a la mayoría silente.

Si hay algo peor que un culpable es un indiferente. El mundo sería más respirable si no hubiese tantísimos indiferentes.