Según la modificación aprobada en el Pleno de julio, las familias que cuenten con la tarjeta ciudadana tendrán una bonificación del 25% para cada uno de sus integrantes, y a partir del tercer hijo se aplicará el 50% sólo a ese tercer miembro, a raíz de la propuesta de Izquierda Unida. También se aplicará el 50% de bonificación a las personas mayores de 65 años o con una discapacidad. Asimismo, los acompañantes de una persona discapacitada no pagarán nada por el acceso a las instalaciones deportivas municipales.
Desde Izquierda Unida celebramos que el equipo de gobierno se haya decidido a hacer extensivas estas bonificaciones, porque hasta hora sólo se contemplaban en el área de deportes, a las actividades culturales y juveniles, aunque siguen siendo insuficientes. No puede ser que colectivos tales como desempleados de larga duración, personas menores de 65 años con pensión no contributiva o personas que cobren una pensión no contributiva igual o inferior al IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) que actualmente se mantiene en 532,51 euros mensuales, no puedan gozar de estos pequeños beneficios porque al gobierno de Blanco no le da la real gana incluirles. Así de sencillo.
Desgraciadamente, son muchas las familias que se encuentran en esta situación, aunque Blanco y lo suyos opinen lo contrario. No existe ningún informe técnico que desaconseje el incluir a estos colectivos. Es una decisión política la que lo impide, una falta de voluntad de su gobierno y lo dejó muy claro su portavoz, la señora Bravo en su intervención: “no es necesario incluirlos porque la persona que lo necesita no pasa ninguna vergüenza”. Así lo manifestó en el pleno de ayer.
Lo que sí es una vergüenza es que no hayan hecho un esfuerzo mayor para que las situaciones de esas personas se vean reflejadas en las diferentes ordenanzas fiscales y gocen de las mismas oportunidades culturales, deportivas y juveniles que el resto de las vecinas y vecinos.
Por mucho que lo niegue señor Blanco, le faltó voluntad política.